Guerra vecinal en Castellón contra la alcaldesa socialista por la reforma de una avenida

• Ignacio Martínez
• CASTELLÓN
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 14/01/2022 13:37
  • Actualizado: 14/01/2022 14:15

El proyecto urbanístico de reforma de una avenida de Castellón, la de Lidón, que es vía de entrada desde Benicasim, ha provocado una guerra de la alcaldesa, la socialista Amaro Marco, con los vecinos de la zona y ya parece abocado a un camino sin retorno. Los vecinos, que se oponen a esa reforma, han elevado queja al defensor del pueblo valenciano, han denunciado ante la Unión Europea, han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado y, ahora, ante el inminente inicio de las obras, advierten de que se encadenarán a las vallas de una plaza para impedir que las excavadoras modifiquen la fisonomía de ese espacio. A ellos, su barrio y la avenida les gusta tal como está.

Los problemas para PSOE, Compromís y Podemos no se circunscriben al ámbito de la Generalitat Valenciana, donde gobiernan. En Castellón, como en la Generalitat, estas tres formaciones conforman también el equipo de Gobierno. Y, como ocurre con la Generalitat, están encabezados por un representante del PSOE. Y tal como sucede a Puig, los problemas se les multiplican. En este caso, la alcaldesa de Castellón es la socialista Amparo Marco. Ella, en primera persona, protagoniza ahora el enfrentamiento con los vecinos y comerciantes de la zona afectada.

Todo arranca a principios de 2020, cuando Marco anunció una inversión de 3,5 millones de euros para remodelar un vial de entrada y salida a la capital de la Plana y que va desde la plaza María Agustina hasta la Basílica de la Mare de Deu de Lledó, la patrona de la ciudad. Una reforma decidida sin consultar a los vecinos y sometida a continuos cambios, según denuncian éstos, que rechazan cualquier alteración urbana por varias razones: restringe el tráfico rodado, comporta la pérdida de cientos de plazas de aparcamiento y supone cerca de un año de obras que darían la puntilla al comercio de la zona, muy afectado por la pandemia. De todo ello, se ha hecho eco la Asociación de Vecinos de Rafalafena, el principal foco de resistencia La citada asociación rechaza frontalmente la reforma. Y ya  ha protagonizado manifestaciones para mostrar su oposición al proyecto y protestas semanales ante el Consistorio, sin haber conseguido hacerse oír por la alcaldesa socialista.

Ante esta situación, la citada asociación vecinal se ha dirigido a tres instancias. Primero, fueron al Defensor del Pueblo valenciano, que el pasado septiembre concluyó que había existido una vulneración del derecho de las personas a recibir respuesta de las peticiones que se formulan a las administraciones públicas.

También, se han dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (la misma a la que el PP elevó en su momento la denuncia por los abusos sexuales en los centros de menores tutelados por la Consejería de Mónica Oltra). Acudieron a esta instancia porque una parte de los fondos que Marco piensa utilizar para la reforma proceden de Europa. En concreto, los vecinos han denunciado ante el organismo europeo  que el Ayuntamiento no les ha tenido en cuenta. Ellos no están de acuerdo con el proyecto y sostienen que tanto uno como otro argumento vulneran los requisitos establecidos para la concesión de los fonos europeos. Además,  han elevado un recurso contencioso administrativo, ante un juzgado de Castellón en el que solicitan medidas cautelares de paralización de las obras.

La alcaldesa, a su vez, ha movido pieza. Desde ayer, los vecinos del barrio están recibiendo en sus buzones un díptico municipal con logotipo del Ayuntamiento acerca de las bondades del proyecto. Un gesto que, lejos de tranquilizar, ha enervado más a esos vecinos, quienes ante el inminente inicio de los trabajos de infraestructura, han advertido que se encadenarán a la valla de la plaza para impedir que operarios y excavadoras puedan trabajar.

Pero la controversia no es sólo vecinal: el Colegio de Ingenieros de Caminos de la Comunidad Valenciana también presentó en su momento un recurso contra las condiciones del concurso para la adjudicación de la dirección de la obra. También, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Castellón, que lidera Begoña Carrasco, se dirigió al Defensor del Pueblo Valenciano a causa de la falta de transparencia de la alcaldesa. Solicitaba el PP que Amparo Marco les entregara la copia del proyecto definitivo, que llevaban reclamando durante meses: la última vez, el pasado 16 de diciembre. El Defensor ha admitido a tramite esa queja y le ha informado de que ha pedido al Ayuntamiento de Castellón que en el plazo de un mes le remita un informe detallado sobre los hechos y, muy particularmente sobre las medidas adoptadas para facilitar a Carrasco una copia del proyecto definitivo de la reforma de la Avenida de Lidón. Ciudadanos y Vox, que como el PP están en la Oposición (como en las Cortes Valencianas) también están en contra del proyecto.

La situación, ahora mismo, es de guerra total. Los vecinos están en vilo. Porque a todo lo relatado se suma que el Comité de Peticiones de la Unión Europea se ha dirigido a ellos para anunciarles que en un muy breve espacio de tiempo les remitirá cuál es su decisión y si las obras deben paralizarse, o no.