Elche blinda las adjudicaciones de vivienda: los aspirantes firmaran que no tienen incompatibilidades

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 11/02/2026 11:07
  • Actualizado: 11/02/2026 11:07

El Ayuntamiento de Elche, cuyo alcalde es el popular Pablo Ruz, está blindando las adjudicaciones de vivienda pública para evitar escándalos como el que ha desencadenado la mayor crisis municipal en los últimos años en el Consistorio de Alicante. Así, Elche ha introducido cláusulas «claras», mecanismos «de control» y garantías adicionales en el inicio del proceso de adjudicación provisional de dos lotes de viviendas para que «no accedan» a esas adjudicaciones personas a las que «no les corresponde», según ha afirmado Ruz. De hecho, la empresa municipal de vivienda (Pimesa) ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades a la hora de optar a una vivienda, que deberá ser obligatoriamente firmado por todos los que opten a uno de los pisos públicos.

La firma del documento garantiza que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a las viviendas. Además, el Ayuntamiento de Elche activará un canal de denuncias para que cualquier personas pueda comunicar de modo seguro y confidencial posibles irregularidades en el proceso.

El escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) en el Ayuntamiento de Alicante ha provocado la inmediata reacción en otros Consistorios, que ya están poniendo medidas para evitar una situación similar. El primero de todos ha ha sido el de la vecina localidad de Elche. Donde su alcalde, Pablo Ruz, ha puesto ya medidas de choque a una promoción que va a ser adjudicada.

El desencadenante de estas enormes medidas de control se ha producido tras conocerse que la hasta ahora edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha sido adjudicataria de una VPP, al igual que los dos hijos y un sobrino de la también hasta ahora directora general en el Consistorio, María Pérez-Hickman.

Un asunto que ha denunciado ante los tribunales el colectivo de funcionarios públicos, Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, y que este miércoles había sido repartido por el juez decano a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. Plaza Número 5, cuya titular es la magistrada María Amparo Rubio Lucas, que una vez admitida a trámite la denuncia llevará a cabo las diligencias previas en torno a este caso.

En el caso de Elche, Pablo Ruz ha asegurado que las medidas ahora adoptadas no endurecen el acceso a la vivienda pública, sino que «protegen» a quienes realmente necesitan una vivienda.