Barcala relevó a Gómez de Patrimonio antes de un pleno con una pregunta de adjudicaciones de las VPP

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 09/02/2026 16:53
  • Actualizado: 09/02/2026 16:53

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, relevó al frente del área de Patrimonio, a la edil Rocío Gómez, 20 días antes del Pleno municipal del 24 de julio de 2024 al que la coalición nacionalista Compromís elevó una pregunta para conocer cuál había sido el proceso de adjudicación de las viviendas de protección pública (VPP) sobre las que ahora ha estallado escándalo de Alicante.

Rocío Gómez es la concejal de Urbanismo que año y medio después de aquel pleno municipal, ha acabado dimitiendo tras desvelarse que ella, así como dos hijos y un sobrino de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tenían escrituradas viviendas. Pérez-Hickman también ha renunciado como directora general.

El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha denunciado el caso ante el Juez Decano de Alicante para su reparto. Además, el PSOE lo ha denunciado también, en este caso, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Y, el propio alcalde Barcala ha solicitado un informe interno de averiguación de hechos, que también ha trasladado al fiscal.

En concreto, el decreto por el que Rocío Gómez quedaba relevada del área de Patrimonio es de fecha 4 de julio de 2024. El alcalde informó del mismo a la junta local de Gobierno el 9 de julio, cinco días después. Y, el 25 de julio, dio cuenta al Pleno del relevo de la edil. Esa dación de cuentas estaba incluida en un punto anterior dentro del orden del día a la pregunta que había hecho Compromís. Con ello, Rocío Gómez no tuvo que responder a la oposición sobre las adjudicaciones. Y quien lo hizo fue otro edil: Antonio Gallego.

En concreto, según consta en el acta de la Junta Local del 9 de julio de 2024, en la que el alcalde informó del decreto por el que Rocío Gómez quedaba relevada del área de Patrimonio, ese cambio se justificaba en que: «Entendiendo que el área de Patrimonio afecta directa e indirectamente a multitud de aspectos relacionados con el área de Hacienda y por razones de eficacia administrativa, conviene a esta Administración que sea el concejal de Hacienda a quien se le designe como titular del área de Patrimonio».

El 24 de julio, 15 días después de esa junta local de Gobierno, el concejal de Compromís, Rafa Mas, preguntó al Pleno: «¿Cuál ha sido el proceso de adjudicación para la ciudadanía de las 133 viviendas de protección oficial en la Avenida del Historiador Vicente Ramos?».

Y, Antonio Gallego, que se estrenaba como concejal delegado de Patrimonio, sostuvo que el Consistorio «no tiene competencias» en la adjudicación de esas viviendas. Y que la competencia del Ayuntamiento llegaba hasta la «puesta en disposición» del terreno.