Antifraude investiga un contrato de compra de material sanitario del Gobierno de Puig en la pandemia
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La Agencia Valenciana Antifraude investiga un contrato de compra de material sanitario del Gobierno valenciano, que preside el socialista Ximo Puig, durante la pandemia. De ese contrato se desprende supuestamente que la falta de filtros y fiscalización generó presuntamente intereses lesivos para las arcas públicas, lo que se conocerá de modo definitivo una vez concluya el citado expediente, que está abierto y en fase de finalización, sobre el que no se han hecho públicos más datos y cuya existencia se ha conocido hoy, con motivo de la comparecencia del director de la citada agencia, Joan Llinares ante la Comisión de Hacienda de las Cortes Valencianas.
Precisamente, las palabras de Joan Llinares han motivado al portavoz de Transparencia del Partido Popular el alcoyano Fernando Pastor a anunciar que su grupo solicitará una nueva comparecencia del director de Antifraude para que, una vez concluida la investigación del citado expediente, ofrezca luz y taquígrafos sobre el mismo.
Desde hace algunos días, Ximo Puig está inmerso en llevar a cabo una crisis de gobierno para ajustar el Ejecutivo valenciano a la vez que para nombrar un nuevo síndico portavoz en las Cortes Valencianas tras la renuncia de Manuel Mata, que hasta hace unos días compaginó esa portavocía con su actividad como co defensor de Jaime Febrer, uno de los principales imputados en el denominado Caso Azud. Este caso investiga los supuestos pagos y cobros de presuntas comisiones a cambio de también supuestos favores urbanísticos en el marco del Ayuntamiento de Valencia.
Pero los escándalos no dejan de aflorar. El último, tiene que ver con la comparecencia del responsable de la Agencia Valenciana Antifraude Joan Llinares ante la Comisión de Hacienda de las Cortes Valencianas. Y en esa comparecencia, Llinares ha afirmado que entre lo que ha calificado como «errores» que, a su juicio, pueden haberse cometido en la época de pandemia y, «sobre todo, en los contratos de emergencia y que afectan a cantidades muy importantes, creo que» uno de ellos «ha sido el prescindir de la fiscalización interna».
A renglón seguido, ha matizado aún más sus palabras: «No estoy diciendo que hubieran podido evitar sobrecostes, sobreprecios, pero al menos sí que se hubieran racionalizado o le hubieran dado una carta de regularidad en el funcionamiento». Para, a continuación, centrarse en el citado expediente: «No voy a entrar, porque es un expediente que estamos en una fase de finalización», pero ha añadido en referencia a la Comisión que lo había citado que «no tengo ningún inconveniente en que, cuando esté perfectamente notificado, explicarlo», para desgranar «dónde hemos fallado y dónde hemos pagado un 30% más».
Tras la comparecencia de Joan Llinares, Fernando Pastor ha sostenido que tras las palabras del director de la Agencia Antifraude se hace necesario saber «la letra pequeña» de los contratos que en su momento se hicieron «con poca transparencia y sin fiscalización por parte de ningún organismo fiscalizador de la Administración pública valenciana» y ha dicho que tras saber que hay una investigación abierta sobre esos contratos es «más importante que nunca» saber «toda la verdad».
Por otra parte, Llinares se ha amparado en las actuaciones judiciales para no responder acerca de si se han iniciado los trámites para la devolución de los 500.000 euros supuestamente defraudados por empresas presuntamente relacionada con el hermano del presidente Ximo Puig tras las subvenciones concedidas por consejerías del Gobierno valenciano.
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