Cataluña
Crisis del coronavirus

Torra hace test a los presos de sus cárceles mientras se los niega a los funcionarios de prisiones

Las cárceles catalanas, dependientes de la Generalitat que preside Quim Torra, niegan a sus funcionarios la posibilidad de hacerse test de coronavirus mientras sí se realizan a los presos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado en el que informa de que el Centro Penitenciario de Ponent, situado en Lérida, es uno de los lugares donde los presos están teniendo un trato de favor respecto a los trabajadores del lugar.

El pasado miércoles un interno acudió al hospital, donde le hicieron unas pruebas que resultaron positivas en Covid-19.

Por ello, se ordenó el confinamiento de todo el módulo donde se encontraba el afectado y los funcionarios que trabajaron en éste se pusieron en cuarentena en sus domicilios, sin realizarles previamente una prueba.

La dirección les comunicó que se había pedido al Departamento de Sanidad la realización de las pruebas de estos funcionarios, pero les dijeron que probablemente no se las realizarán si no tienen sintomatología. Finalmente, se les comunicó que no se someterían a dicho test.

«Cuando un interno da positivo se realizan las pruebas a todos los internos que han estado en contacto con él, sin ningún problema. No pasa lo mismo si eres un funcionario, se niegan a hacértelo», aseguran desde el sindicato.

Afirman además que éste no es el único centro penitenciario donde sucede, sino que se trata de algo habitual en las cárceles catalanas.

Durante la pandemia los Servicios Penitenciarios de Cataluña han sumado ya 759 bajas de un total de 4.588 trabajadores.

Un sector maltratado

Los funcionarios de prisiones son uno de los sectores al que menos recursos se ha dedicado durante esta etapa. Los trabajadores de los centros piden más protección y material para hacer frente a la situación.

De hecho, tal y como informó OKDIARIO, la cárcel valenciana donde falleció el primero de estos funcionarios había enviado más de setenta peticiones de material de protección para sus trabajadores, sin encontrar respuesta alguna del Gobierno, en este caso, de España.