Siete cárceles catalanas no abren las celdas de 6.000 presos por las protestas de los funcionarios
Siete prisiones en Cataluña deciden no a abrir sus celdas a más de 6.000 presos debido a la protesta de los funcionarios
La Generalitat ha convocado para este lunes a los representantes sindicales de los trabajadores penitenciarios
Este lunes, siete prisiones en Cataluña se han resistido a abrir sus celdas a más de 6.000 presos debido a la protesta de los funcionarios, provocada por el homicidio de una cocinera en la cárcel catalana de Mas D’Enric en Tarragona, llevado a cabo por un recluso que momentos después se quitó la vida.
Las cárceles catalanas que han decidido no abrir sus celdas este lunes por la mañana han sido Mas d’Enric, Ponent (Lleida), Puig de les Basses (Gerona), Lledoners y Wad-Ras (Barcelona), y por ahora tampoco han abierto durante el día, Brians 1 y 2 (Barcelona), según informan fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria.
En estas dos últimas prisiones hay 1.200 y 1.600 internos afectados y, por otra parte, la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) ha decidido abrirlas «sin actividad» y en la prisión de Joves (Barcelona) se han abierto las celdas y los presos pueden hacer vida en el módulo, con limitaciones respecto a lo habitual.
Debido a toda la tensión que se ha generado en estos últimos días alrededor del crimen, los funcionarios han tomado la decisión de que desde aproximadamente las 6.30 horas, corten los accesos a cinco cárceles catalanas: Brians 1, Brians 2, Quatre Camins, Ponent y Mas d’Enric.
Reunión inminente
La Generalitat han convocado para este lunes a los representantes sindicales de los trabajadores penitenciarios, junto con tres directivos del Departamento que no son la consellera, Gemma Ubasart, ni el director de Medidas Penales, Amand Calderó, según informan fuentes del Govern.
La concentración se ha realizado en torno a las 9 de la mañana en la Conselleria, donde prevén asistir el secretario general de la Conselleria, Jordi Martinoy; la secretaria de Administración y Función Pública, Alícia Corral, y el director general de Asuntos Penitenciarios, José Maria Montero.
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