Rajoy amonestó a Montoro en el Consejo y le ordenó que se ponga «a disposición» de Llarena

Las polémicas declaraciones del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que Carles Puigdemont no gastó ni un euro público en su referéndum ilegal, han llegado a la mesa del Consejo de Ministros.

En la sesión del viernes, varios ministros se mostraron incómodos porque las palabras de Montoro dan oxígeno a los independentistas y pueden obstaculizar la extradición del ex presidente de la Generalitat: a la espera de revisar su decisión, el tribunal alemán ha rechazado inicialmente entregar a Puigdemont para que sea juzgado en España como autor de un delito de rebelión, y ahora podría desestimar también la existencia de un delito de malversación. Algo que ha provocado una profunda indignación en el Tribunal Supremo.

Ante la preguntas de sus compañeros de gabinete, Cristóbal Montoro intentó reafirmarse el viernes en sus afirmaciones. Esgrimió los informes de la Intervención General del Estado, que no han detectado un desafío de fondos públicos, y defendió el celo mostrado por su departamento desde que intervino las cuentas de la Generalitat, semanas antes del 1-O.

Pero, esta vez, el presidente Mariano Rajoy decidió zanjar el debate y cortó en seco las palabras del titular de Hacienda: «Déjese de Intervención del Estado, señor ministro… póngase a disposición del juez Llarena y facilítele toda la información necesaria», señaló Rajoy según las fuentes próximas al Consejo de Ministros consultadas por OKDIARIO.

La Guardia Civil desmiente a Montoro

En contra de lo que sostiene Montoro, la Guardia Civil ha logrado acreditar que el Ejecutivo de Puigdemont gastó al menos 1,9 millones de euros públicos en la convocatoria de su referéndum ilegal, incluyendo el coste de las campañas publicitarias, el envío de material electoral y el uso de los recursos del Cesicat para gestionar el voto electrónico.

Pero a esta cifra hay que sumar los millones de euros malversados a través de la red de «embajadas» del Diplocat para «internacionalizar el proceso» y a través de TV3, que con un presupuesto anual próximo a los 300 millones continúa actuando como el principal aparato de propaganda del independentismo.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los golpistas, remitió el pasado miércoles un requerimiento al ministro de Hacienda para que le informe  “a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña”.

Como ha adelantado OKDIARIO, Llarena tiene previsto citar a declarar el ministro Montoro si no le convencen las explicaciones y las pruebas que le remita por escrito en respuesta a este requerimiento.