ANC y Òmnium piden donaciones para pagar la fianza impuesta por Llarena a los golpistas

La ANC y Òmnium han iniciado este viernes una campaña para pedir donaciones con las que poder afrontar la fianza de 2,1 millones de euros dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los 14 procesados por malversación -Carles Puigdemont y 13 ex consellers- en la causa sobre el proceso soberanista.

En un mensaje en la redes sociales, las dos entidades secesionistas afirman que no reconocen el delito que se les imputa, pero piden que aun así la gente intente «ayudar» a pagarla a los afectados y recuerdan que solo tienen dos días para abonarla.

«En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el juez procederá a embargar la vivienda familiar de los encarcelados y exiliados. ¡Tenemos pocos días!», avisan.

La ANC y Òmnium critican que con esta fianza lo único que quiere el Estado es «empeorar el sufrimiento de los presos y su entorno próximo» y lamentan que continúe lo que consideran como una injusticia contra el movimiento soberanista.

Las donaciones ciudadanas irán a parar a la Caja de Solidaridad, que crearon las dos entidades para afrontar las fianzas vinculadas con el proceso soberanista y ya han hecho varios pagos que han evitado la cárcel preventiva de varios investigados.

Ningún fiador

El juez Llarena ha advertido en su escrito de que si en este plazo concedido los procesados no han pagado esta fianza «se procederá al embargo de bienes» en la cantidad que sea «suficiente» para cubrir lo reclamado. Además señala en la providencia que la fianza no podrá ser pagada por ningún fiador.

En el auto de procesamiento, Llarena explicó que la cuantía se ha fijado sumando a los 1,6 millones de euros, que el magistrado dice que se emplearon para sufragar el referéndum ilegal del 1-O, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas.

Aunque todo el ex gobierno catalán ha sido procesado por el delito de malversación, el juez Llarena ha continuado hasta el momento indagando en cuánto dinero público desviaron para poder celebrar la consulta independentista. En recientes informes de la Guardia Civil remitidos al magistrado del Supremo, se afirma que esta cantidad llegó a ascender hasta, al menos, 3,2 millones de euros.