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Tres detenidos por explotar a repartidores en Mallorca con jornadas de 12 horas los 7 días de la semana

Se trata de dos hombre y una mujer que fueron detenidos en Palma e Inca

Captaban a trabajadores en Colombia que vivían en situación precaria bajo falsas promesaslaborales

El juez ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la organización, de carácter violento

  • Mar del Valle
  • Portadista, editora y redactora de OKBaleares. Antes, periodista en EL MUNDO Baleares durante 19 años.

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a tres personas, dos hombres y una mujer, por explotar a repartidores a quienes obligaban a trabajar en condiciones extremas con jornadas laborales de 12 horas diarias los siete días de la semana.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, están acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas.

El Grupo de UCRIF IV de la Policía Nacional recibió información por parte de una persona extranjera que alertaba sobre estos hechos. Tras una investigación que ha durado cuatro meses, los agentes lograron identificar a un grupo criminal organizado dedicado a captar trabajadores en Colombia para su explotación laboral en España.

Esta organización se aprovechaba de la situación de precariedad económica de las víctimas en su país de origen para trasladarlas a Mallorca bajo falsas promesas laborales.

En la isla a las víctimas se les asignaba una cuenta de usuario adicional de una empresa de entrega de pedidos a domicilio, donde trabajaban en condiciones extremas con jornadas laborales de 12 horas diarias, los siete días de la semana, pagándoles tres euros la hora. Además, a través de coacciones y engaños la banda se quedaba con la mayor parte de sus ingresos.

Para mantener esta situación de semiesclavitud, los delincuentes se aprovechaban de la situación irregular de los trabajadores. No formalizaban ningún contrato laboral, ni ofrecían cobertura sanitaria, dejándolos en una completa indefensión. Además, la organización facilitaba el dinero para el traslado de las víctimas a España, aleccionándolas sobre cómo comportarse y qué declarar en los controles policiales.

Cuando llegaban a España las víctimas eran obligadas a cortar todo contacto con sus familias y eliminar su presencia en redes sociales, con el objetivo de aislarlas. Vivían en condiciones deplorables: cuatro personas compartían habitación, durmiendo en colchones en el suelo.

Los trabajadores eran trasladados a Inca, donde se les asignaba una motocicleta para realizar los repartos. Un miembro de la organización se encargaba de gestionar y controlar las cuentas adicionales de la empresa. Las víctimas debían acudir a él en caso de incidencias para desbloquear las cuentas y poder continuar con su agotadora jornada.

Prisión para el cabecilla de la organización

El cabecilla del grupo era conocido por su carácter violento. Ante cualquier sospecha de una posible investigación policial, presionaba a las víctimas para que regresaran a su país de origen o, en algunos casos, las expulsaba del domicilio, incluso dejando a familias con niños en situación de indigencia. Su objetivo era lograr la total dependencia de las víctimas, aislándolas de cualquier tipo de apoyo familiar o social.

Por su parte, otra investigada se encargaba de la logística del reparto y del control de las jornadas laborales, mientras que el tercer investigado gestionaba las cuentas bancarias de la organización y adquiría los vehículos utilizados en la trama.

Una vez concluida la investigación, los agentes de la UCRIF IV de la Policía Nacional llevaron a cabo el pasado miércoles una operación policial en la que se logró la detención de tres personas como presuntos autores de los hechos: una de las detenciones fue en Inca y las otras dos en Palma.

Asimismo, se procedió a la incautación de la flota de vehículos utilizados en la explotación laboral, cuatro motocicletas y un coche, para lo que se contó con la colaboración de la Policía Local de Inca, que se hizo cargo de los vehículos, quedando intervenidos en el depósito municipal.

Los presuntos autores pasaron ayer a disposición judicial, donde se decretó prisión provisional para el cabecilla.