Siete asociaciones civiles advierten a Armengol: «Sin castellano en la enseñanza vulnera la Constitución»

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 20/02/2022 06:55
  • Actualizado: 20/02/2022 10:08

El colectivo de profesores de Baleares PLIS Educación y media docena de entidades más han advertido en un escrito a la presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, que «sin castellano en la enseñanza vulnera la Constitución».

Todo ello ante la votación el próximo martes en el Parlament balear de la Ley autonómica de Educación, que mantiene y prolonga el monolingüismo catalán en todos los ciclos de la enseñanza en las Islas. La misiva dirigida a los diputados baleares está rubricada por colectivos como PLIS, Societat Civil Balear, Mos Movem, Foro Baleares, Prou! No vaig de vaga, Recupera Balears e Izquierda No Nazionalista, que sostienen que «una sociedad bilingüe ha de tener una educación bilingüe, sin complejos».

Son muchas las razones por las que las asociaciones firmantes defienden una ley que sea compatible con la realidad y con las exigencias pedagógicas más básicas.

En primer lugar, apuntan, porque pretender que solo exista el catalán como lengua de enseñanza «es tener miedo a la realidad sociolingüística: una sociedad bilingüe, acostumbrada a utilizar sin problemas uno u otro idioma en la vida cotidiana, ha de aceptarse tal como es, y trasladar esta convivencia a las aulas».

En segundo lugar, abundan, «porque no hay cohesión social posible, si la escuela de todos se convierte en la escuela de un solo idioma, apartando y marginando el castellano, la lengua también de todos. Una escuela de todos no puede ser más que una escuela en los dos idiomas más hablados en Baleares y maternos de la mayoría».

En la misma línea, estos colectivos sostienen que una ley educativa tiene que ser respetuosa con la eficacia pedagógica, algo que parecen haber olvidado muchos diputados. «Una enseñanza que obligue a estudiar en catalán perjudica a los alumnos castellanohablantes, a los que se priva del instrumento idóneo para aprender, la lengua materna, los margina al tener que aprender en inferioridad de condiciones y sobre todo hunde a los más necesitados». En especial a alumnos con dificultades de aprendizaje, de necesidades especiales, de necesidades de apoyo educativo, de alumnos recién incorporados, etc.

Por ello, instan a los diputados de la Cámara balear a tener ambición en el nuevo marco legal a la hora de marcar objetivos lingüísticos. Para estas entidades, «no es suficiente con lograr un dominio comunicativo del idioma, pues para eso no es necesario ir a la escuela, el objetivo debe ser lograr un dominio formal y culto de los dos idiomas de Baleares». Un extremo que, subrayan, «no es posible si no se utilizan en la escuela desde los cero a los 18 años como vehículo de materias no lingüísticas como matemáticas, historia, biología, filosofía, etc. El objetivo de la escuela balear no debe ser salvar un idioma, sino garantizar el dominio formal y culto de dos idiomas».

Y recuerdan a los políticos de Baleares que una lengua oficial que no pueda utilizarse en la Administración ni en la enseñanza «no es oficial». «Insistir en que el castellano no sea lengua de enseñanza, como pretenden nacionalistas e independentistas, es vulnerar un mandato constitucional: el castellano es oficial en toda España, por tanto, es obligatoriamente vehicular en la enseñanza».

Por tanto, emplazan a los 59 políticos con voz y voto en el Parlament a «liberarse de esos complejos que les llevan a despreciar las modalidades lingüísticas de Baleares, considerándolas variantes coloquiales y no cultas». En este sentido, señalan que la realidad es que «la mayor parte de los diputados se expresan en el Parlament en mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense, y no precisamente para preguntarse qué tal estás o cómo viene el tiempo, sino para tratar en profundidad asuntos complejos que necesitan vocabulario afinado y sofisticado, como asuntos económicos, jurídicos o sociológicos».