Los separatistas de Més exigen que el Ayuntamiento de Palma les ponga piso a los okupas antes de echarlos a la calle

Ya rechazaron, tras pasar a la oposición esta legislatura, el PSOE y sus socios separatistas de Més y Podemos, que los propietarios de pisos con okupas en Palma dejen de pagar el IBI, ahora van un paso más en la misma dirección y exigen que el Ayuntamiento de Palma, liderado por el alcalde, Jaime Martínez, les ponga piso a los okupas antes de ser desalojados.

Literalmente,  los independentistas de Més exigen «que en los procedimientos de recuperación posesoria, de desalojo o de actuaciones urbanísticas impulsadas directamente o indirectamente por el propio consistorio, ninguna persona acreditada en situación de vulnerabilidad sea dejada en la calle sin una alternativa residencial adecuada». 

Aunque desahucios hubo durante las dos pasadas legislaturas mientras gobernaban en Palma y el resto de Baleares la coalición de separatistas, socialistas y Podemos y miraron para otro lado, con el casi millar de desalojos que hubo sin ir más lejos en 2023, ahora en la oposición exigen a todas las administraciones competentes «impulsar los cambios normativos necesarios para evitar que cualquier persona o familia en situación de vulnerabilidad sea desahuciada sin disponer previamente de una alternativa residencial digna, estable y adecuada a sus necesidades».

Pese a que su política en materia de vivienda fue nula gobernando la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Palma, donde su portavoz, la edil Neus Truyol ocupó la concejalía de Urbanismo y Vivienda y edificó con cero pisos sociales, ahora aseguran en esta moción que será debatida en el pleno municipal del próximo 29 de octubre, que defienden «un modelo radicalmente distinto: una ciudad que no cuestione si una persona vulnerable merece o no una ayuda, sino que garantice sus derechos a percibirla».

“Una ciudad en la que los servicios sociales sirvan para acompañar y proteger; que medien antes de que llegue un desahucio, que utilicen recursos para evitar que nadie pierda su casa sin alternativa, que incremente masivamente el parque público de vivienda y plante frente a los fondos de inversión y a la especulación inmobiliaria”.

Se da la casualidad de que el Ayuntamiento de Palma ha iniciado la tramitación del desalojo de los okupas instalados en los ruinosos edificios anexos a la ya tapiada antigua prisión para su derribo.

Un procedimiento recién iniciado y que los separatistas han criticado desde el minuto uno, ya que según defienden, «estamos ante un gobierno municipal que desaloja a personas, pero que no es capaz de garantizarles ninguna alternativa: en Palma nadie debería perder su casa y acabar en la calle». Una de esas frases lapidarias que pasan por alto el hecho de que los okupas no son los propietarios de los inmuebles en los que se instalan.