Sánchez ignora el problema de superpoblación de Baleares en la reforma de la financiación autonómica

Una vez más, Pedro Sánchez ha decidido ignorar los problemas que afectan a Baleares, pues el nuevo sistema de financiación autonómica que prepara su Gobierno no contempla la superpoblación. Mientras que en el resto del país el problema es la España vaciada, en las Islas sucede todo lo contrario. La concentración territorial es una realidad y petición histórica que los distintos Governs han hechoal ejecutivo nacional. Y a pesar de que Francina Armengol milita en el partido de Sánchez, este condena, una vez más, las demandas de Baleares al ostracismo.

El documento que ha remitido el Ministerio de Haciendo a las autonomías no sólo ignora la superpoblación, también descarta la compensación para la población flotante. Dos problemáticas históricas de las Islas. Si bien este primer documento pretende recabar las aportaciones de las autonomías, todo apunta a que las de Baleares caerán otra vez en saco roto. El Gobierno ya ha definido cuáles son las líneas que considera relevantes. La dirección marcada por Sánchez es la de concentrarse en la dispersión territorial. Y aunque sí que reconoce que hace falta compensar la insularidad, Canarias sale mucho mejor parada que las Islas.

Los problemas de superpoblación que sufre Baleares van muy de la mano con las reclamaciones de compensar la población flotante. No se trata de que el Gobierno no atienda a las necesidades de la España vaciada, sino de que no deje de lado la situación de las Islas. «Nuestras necesidades son distintas a las de la dispersión territorial que sufre el país. El territorio en el que vivimos es muy limitado y el espacio es el que es. La superpoblación es una realidad que no se atiende», ha explicado la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens. La también diputada en el congreso se refiere a que en plena temporada turística la población de las Islas se triplica. Ello tiene severos efectos sobre los recursos y la financiación.

Con respecto a la población flotante, el Gobierno se justifica argumentando que es un problema que concierne a competencias locales y no autonómicas. Afecta a la gestión de los residuos o al abastecimiento y saneamiento de aguas, dice el documento. Añade que no influye en la educación, ya que para recibirla se debe estar empadronado. El Gobierno sí reconoce que esta población puede repercutir en la sanidad, pero valora que no tiene consecuencias en la financiación. Según el documento, hay mecanismos de pago entre comunidades autónomas y con terceros países.

El reto demográfico de Baleares

Cabe recordar que el concepto de población flotante hace referencia a aquellas personas que no están oficialmente inscritas en el censo, pero que residen temporalmente en la comunidad. En este grupo se incluyen colectivos como: turistas, inmigrantes, estudiantes, trabajadores de temporada o residentes no censados. No obstante, el documento ni siquiera menciona a los turistas que entre abril y octubre llegan a Baleares. Tampoco tiene en cuenta que en temporada alta, las Islas reciben trabajadores de otros territorios y que la inmigración representa casi un 20%.

En 2018, la consellera de Presidencia, Pilar Costa, reclamó al Gobierno que prestase atención al reto demográfico de Baleares. «Somos un territorio de 1,2 millones de habitantes que recibe más de 15 millones de turistas al año. Esto tiene una repercusión tanto en infraestructuras como en sanidad, en educación o en vivienda». Precisamente, las Islas son una de las regiones en las que más difícil lo tienen sus habitantes para acceder a una vivienda. Los precios de la compraventa y del alquiler son de los más altos y una de las causas es la superpoblación y la población flotante.

Prohens ha asegurado que no se trata de criminalizar al turismo, sino de que Baleares reciba una financiación acorde a sus necesidades. La líder de los populares ha señalado que ahora más que nunca las Islas necesitan el Régimen Especial (REB) y que se apruebe el bloque fiscal. «Necesitamos que se compense la insularidad de forma justa y digna». En este sentido, el Gobierno contempla dicha insularidad, pero Baleares sale perdiendo frente a Canarias. El documento estima que en 2017 supuso unos ingresos adicionales para el sistema de 88 millones de euros, frente a los 375,9 millones que recibió Canarias. El motivo, la doble insularidad y la ultrapeferia. Mientras tanto, Baleares sigue sin REB y sin fiscalidad especial.