Sánchez sólo pagará a Baleares 73 millones de euros por los atrasos del REB y no habla de fiscalidad

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy y el Govern negociaron en 2018 un Régimen Especial de Baleares (REB) para paliar los efectos negativos de la insularidad. Se propuso que las Islas recibiesen 90 millones de euros al año y la aprobación de un bloque fiscal que suponía una bajada de impuestos para empresas y ciudadanos. El objetivo era mejorar la competitividad del tejido económico y compensar que la vida es más cara en Baleares. Sin embargo, el Govern de Francina Armengol no aceptó el acuerdo y tras la moción de censura de Pedro Sánchez, su Gobierno enterró el REB y la insularidad.

«Baleares habría recibido 360 millones de euros en estos últimos cuatro años, si el Govern hubiese aceptado el acuerdo en 2018», critican en el PP, y contaría con los beneficios fiscales contemplados en el Régimen Especial. Si bien es cierto que Sánchez y Armengol llegaron a un acuerdo en noviembre de 2018,  la cuantía económica no se cerró y el bloque fiscal no se aprobó ni se ha aprobado aún. No ha sido hasta este jueves, 23 de septiembre, cuando se ha pactado que las Islas recibirán 110 millones por el factor de insularidad y 73 millones, «para compensar los atrasos del REB».

El portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, ha lamentado que Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sólo quieran pagar 73 millones «por todos estos años en los que no le ha dado nada a Baleares». También, que no se hayan comprometido con la aprobación del bloque de fiscalidad. Y es que se trata de «una variable clave y muy importante». No sólo beneficiará a los ciudadanos, sino que permitirá que las empresas sean más competitivas. Por no olvidar que las mejoras fiscales pueden atraer inversiones externas. A pesar de todo, Montero ha dicho que esto «ya se hablará más adelante».

La intención del PP, ha dicho Costa, es la de seguir apretando para que la parte fiscal se apruebe lo antes posible. También, que vigilarán el cumplimiento del acuerdo. Tanto él, como la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, han asegurado que «la letra pequeña de este acuerdo es muy relevante». Han explicado que les preocupa que los 110 millones se utilicen para pagar los convenios que tiene la Comunidad Autónoma con el Estado. Por ejemplo, los convenios de carreteras de los Consells Insulars, cuyas cantidades «son muy elevadas». «No nos gustaría que nos dijesen que tenemos que pagarlo todo con un dinero que es para el factor insularidad», ha advertido Costa.

Una cuantía razonable

Sobre la cuantía en sí, Costa ha valorado que los 110 millones son, a priori, razonables. Ha asegurado que en principio cumplen con las expectativas que tenía el PP. Cabe recordar, que el partido exigió que Armengol consiguiese 90 millones de euros, misma cantidad que se le ofreció en 2018. No obstante, ha señalado que es poco, considerando lo que podrían haber recibido las Islas en estos años.

Por su parte, Prohens ha calificado de buena noticia que «el Gobierno haya despertado de su letargo y se haya comprometido con la insularidad». Y es que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, lo que reportará 550 millones para la autonomía. El primer pago se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

La también diputada en el Congreso ha incidido en que el cumplimiento del REB es una reivindicación de mucha gente y «el resultado de constantes presiones». Precisamente, dichas presiones culminaron este año con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE de 2021.

Además, ha señalado que si el PP llega al Govern en 2023, no suspenderá ningún acuerdo en materia fiscal o de insularidad al que haya llegado Armengol. Por ello, espera que de verdad los 110 millones lleguen «sin trampas ni juego sucio». «No vale meter en el fondo del REB otras inversiones que ya tenemos garantizadas». Y ha añadido, al igual que Costa, que hace falta una fiscalidad que compense a los ciudadanos y las empresas de Baleares.