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SECTOR NÁUTICO

PSOE y ecologistas callan ante el decreto de Sánchez que disparará el alquiler de barcos en Baleares

Socialistas, Més y ecologistas no se han pronunciado sobre la medida aprobada por el Gobierno central

Los propietarios de embarcaciones de hasta 5 metros de eslora podrán alquilarlas a turistas un máximo de tres meses

El Govern prohíbe que los amarres en puertos de gestión autonómica puedan utilizarse para el alquiler turístico de barcos privados

El Consell de Mallorca asegura que la norma "amenaza la convivencia" entre turistas y los residentes de Baleares

Silencio sepulcral del PSOE, Més per Mallorca y las asociaciones ecologistas de Baleares ante el decreto recién aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que disparará el alquiler de barcos privados en el mar balear y que saturará todavía más el litoral del archipiélago.

Esta medida entró en vigor el pasado miércoles 23 de julio y por el momento ni la izquierda ni los ecologistas se han dignado a criticar la norma de Sánchez que va totalmente en contra de una gestión turística sostenible y neutraliza los esfuerzos del Govern del PP para contener la masificación de las Islas.

A partir de ahora los propietarios de embarcaciones de hasta cinco metros de eslora podrán alquilarlas a turistas durante un máximo de tres meses al año. Un Airbnb náutico en toda regla que no gusta a las instituciones de Baleares y que las empresas del sector en el archipiélago ya han asegurado que disparará la oferta no regulada.

Esta vez la izquierda o asociaciones como el GOB callan y no hablan de conseguir una costa habitable, segura y protegida, por mucho que el decreto de Pedro Sánchez permitirá que cientos de turistas puedan navegar por el litoral balear con todos los peligros que eso conlleva a la hora de amarrar en el puerto o en medio de un mar repleto de otros barcos, kayaks, paddle surf, motos de agua, bañistas

La medida ha sido aprobada por el Gobierno en un contexto en el que Baleares lidera los índices de siniestralidad en el mar. Sólo hay que irse al año pasado para ver casos como el del joven mallorquín de 20 años que fue arrollado mortalmente por un barco con bandera alemana en aguas de Cala Bona.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente explica que la medida busca asegurar que el alquiler de embarcaciones privadas se realice con las debidas garantías de seguridad marítima y prevención de la contaminación marina.

El Govern prohíbe que los amarres particulares se puedan destinar a alquiler turístico

El Govern de la popular Marga Prohens siempre se ha mostrado muy crítico con este decreto del Gobierno y para contrarrestarlo ha dictado una resolución para impedir que los amarres concedidos para uso particular en los puertos de gestión autonómica (Ports IB) puedan utilizarse con fines lucrativos, como el alquiler turístico de barcos privados.

De este modo, según ha informado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, el alquiler de barcos privados que permite la medida estatal no se podrá llevar a cabo en los puertos de competencia autonómica, en concreto en 43 que gestiona Ports IB en Mallorca, Menorca e Ibiza.

En concreto, la resolución establece que cualquier uso comercial de estos amarres supone una infracción grave, que conlleva la apertura de un expediente sancionador y la caducidad inmediata de la autorización.

Desde el Govern se ha insistido en que la resolución estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 22 de julio no altera el marco jurídico autonómico, ni puede imponerse sobre las condiciones de uso establecidas en los títulos de ocupación de Ports IB.

Consell y patronales de Baleares rechazan el decreto de Sánchez

El Consell de Mallorca que gobierna el PP junto con Vox considera que la resolución del Gobierno central «amenaza la convivencia» entre turistas y residentes y socava los esfuerzos por conseguir una gestión turística sostenible.

La institución insular ya ha expresado su rechazo a la norma ya que «evidencia una grave falta de previsión, puesto que esta nueva bolsa de oferta turística náutica no fue considerada en los análisis previos de presión turística».

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, afirma que el decreto «supone un retroceso en las medidas que se están implantando y afecta directamente a la capacidad de carga de las islas».

«Desde Mallorca llevamos dos años luchando contra la oferta ilegal, opere en el campo que opere, lo que ha permitido lograr importantes avances. Medidas como esta suponen un retroceso a todo lo conseguido», ha lamentado.

Por su parte, las patronales náuticas asociadas a CAEB -la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB) la Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares (AECIB) y la Asociación de Instalaciones Náutico-Deportivas de Baleares (ANADE)- rechazan legalizar el alquiler de embarcaciones de recreo privadas durante tres meses al año.

Estas asociaciones han mostrado su «profunda preocupación» con esta medida del Gobierno que entrará en vigor el próximo 15 de agosto y que normalizará el uso comercial de estos barcos. Reclaman informar cuanto antes a los usuarios, instalaciones portuarias e interesados sobre las condiciones concretas que deben cumplirse para obtener dicha autorización.

«Las administraciones deben hacer una amplia difusión de estas condiciones, para evitar el efecto llamada que puede derivar en intrusismo profesional, desprotección de los usuarios y competencia desleal frente a las empresas legalmente establecidas», advierten.