La Policía Local de Palma dejará en manos de la Policía Nacional las denuncias de violencia de género

La Policía Local de Palma deja en manos de la Policía Nacional la tramitación de las denuncias por los casos de violencia de género como hasta ahora venía sucediendo y eliminará la partida destinada a atención psicológica.

La medida ha sido anunciada este jueves por el coordinador de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, en la comparecencia de las cuentas de este departamento para el próximo año en la que ha estado presente el regidor del área, Miquel Busquets.

La centralización de la tramitación de las denuncias contra la violencia machista en la Policía Nacional se materializará en los próximos meses tras la forma de un convenio entre el Ayuntamiento de Palma y la Jefatura de la Policía Nacional de Baleares, y permitirá al Consistorio derivar los agentes destinados a este menester a otras labores propias de la Policía Local.

Hasta ahora, ambos cuerpos policiales actuaban coordinados en el marco del protocolo de coordinación VioGén del Ministerio de Interior que el Ayuntamiento revisará.

No obstante, desde el área de Seguridad Ciudadana se ha precisado que se reforzarán las labores de seguimiento y cuidado de las víctimas con más agentes, mientras la asistencia en el momento de crisis, será cubierta por el área de Igualdad. Hay que tener en cuenta al respecto, que Palma contará en la torre Asima del Polígono de Son Castelló con el Centro Libertas, que proporcionará una atención integral y permanente a mujeres a partir de 16 años que hayan sufrido violencia sexual, ya sea recientemente o en el pasado.

Estas instalaciones fueron presentadas hace escasas fechas por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y estarán operativas las 24 horas del día, los 365 días al año, y ofrecerá servicios especializados en atención psicológica, jurídica y social.

Pero la centralización de las denuncias en manos de la Policía Nacional ha desatado duras críticas por parte de la oposición y la ex concejala socialista de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha calificado de «irresponsable» el anuncio que ha achacado a una exigencia de Vox al gobierno en minoría del PP.

Desde las filas de Mes, la concejala Neus Truyol, ha ido un paso más allá y ha calificado el anuncio de «violencia institucional», culpando al PP de atacar a las víctimas.

El anuncio de Busquets se produce en un momento especialmente delicado en materia de violencia de género, si tenemos en cuenta que Palma es el municipio con mayor tasa de denuncias por violencia de género con 128,5 denuncias por cada 10.000 mujeres, según el informe anual municipal sobre la materia. Además también encabeza la tasa de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, unos delitos que van en aumento.

De hecho, según este estudio municipal, el 40% de la mujeres mayores de 16 años han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, pero solo lo denuncia un 2,5% de ellas, siendo los tocamientos, el más habitual.

La forma de violencia sexual más mencionada son los tocamientos (70%) seguido por los intentos de violación (39%) y la violación bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes afecta al 14%.

Además la decisión se ha dado a conocer a falta de diez días para la celebración del 25-N, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres por lo que el gobierno municipal del PP, ya tiene garantizado que la polémica medida tendrá recorrido a medida que el calendario se acerque a esa fecha.

Desde 2019 la Policía Local de Palma cuenta con un protocolo interno de actuación en caso de asesinato por violencia machista, que ahora, tendrá que revisar o suspender.

Un documento que dispone las actuaciones municipales que se realizarán en caso de que se produzca un feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, al margen de que haya o haya habido relación de pareja, de sus hijos e hijas o de otras personas que se hayan interpuesto o estén vinculadas a la víctima.

Este protocolo que ahora tendrá que revisarse se activa cuando el asesinato se produzca en Palma o en otro municipio, pero las víctimas tengan su residencia habitual en la capital balear.