La Policía inicia el desalojo forzoso de los 70 okupas que seguían en la antigua cárcel de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional han iniciado este mediodía el desalojo forzoso de los 70 okupas que aún permanecían en la antigua cárcel de la ciudad.

La intervención cumple con el auto dictado por el Juzgado el pasado 29 de mayo, motivado por el grave riesgo para la seguridad de las personas que aún seguían en el recinto, y se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada.

El dispositivo, coordinado tras una Junta Local de Seguridad extraordinaria, cuenta con el apoyo de los servicios sociales municipales —que ofrecen atención individualizada y alternativas habitacionales a las personas que okupaban la vieja prisión— y una ambulancia del 061.

Si bien el censo inicial registraba a 206 residentes en los módulos, la cifra se ha reducido a unas 70 personas. Además, en colaboración con el IMAS, 45 personas ya han sido derivadas a centros de acogida temporal y programas de inserción, como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cabe recordar que el consistorio inició el proceso de recuperación posesoria el pasado mes de febrero debido al elevado riesgo para la seguridad que presenta el inmueble, así como a la afectación que esta situación genera en la convivencia vecinal y en el entorno del centro educativo colindante.

El auto judicial, emitido el 29 de mayo, considera acreditada la existencia de un riesgo real, grave y actual para la vida y la integridad física de las personas que okupaban la vieja prisión, atendiendo a los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y Sanidad.

Estos informes alertaban del elevado riesgo de incendio, las deficientes condiciones de habitabilidad y las importantes dificultades de evacuación existentes en las instalaciones.

Una vez vacío, el Ayuntamiento tapiará el recinto y la Policía Local mantendrá vigilancia las 24 horas para evitar nuevas okupaciones.

La antigua prisión de Palma se había convertido en un epicentro de delincuencia: peleas entre okupas, incendios, robos y consumo de drogas son parte del día a día. En la parte trasera del recinto, colindante con el parque de Cas Capiscol, se podían ver coches abandonados y desguazados, evidencias del caos imperante ampliamente denunciado por los vecinos de la zona.

Dentro del recinto, las reformas improvisadas también son visibles: suelos embaldosados, puertas metálicas, paredes pintadas y focos alimentados por placas solares. Sin embargo, el acceso a agua potable es imposible desde el interior, obligando a los ocupantes a recurrir a fuentes públicas cercanas.

La vieja prisión se había transformado en un hotel que mezclaba marginalidad y emergencia habitacional, donde residentes e incluso algún turista convivían en condiciones indignas.