El IMAS tendrá que pagar una indemnización de 140.000 euros por el cierre de un centro de menas en Palma

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) tendrá que pagar una indemnización de 140.000 euros a la Fundación Amés por los daños y perjuicios que provocó la revocación del concierto y el cierre ordenado en noviembre de 2021 del centro Norai, ubicado en Son Roca (Palma), a raíz de los problemas de seguridad y convivencia que se generaron con los menores migrantes allí acogidos.

El Consell Consultiu ha estimado una reclamación de la entidad y, en el dictamen aunque sin entrar a valorar ni las medidas concretas que se tomaron ni la revocación unilateral, ni la revocación de la autorización, estima la responsabilidad patrimonial que concreta en 143.643 euros, a partir de los informes de una auditoría.

«La Administración puede cambiar las medidas de protección y las instrucciones de ejecución. No obstante, no puede obviar los daños y perjuicios que se irrogan por tales decisiones y no puede exigir al centro en un mes lo que no ha exigido durante la ejecución del concierto ni ha supuesto ningún impedimento para la acreditación, más todavía, para la contratación de emergencia de seis plazas más, las cuales, desde luego, no debían contribuir al buen funcionamiento del establecimiento por sus propias características», recoge el informe

El órgano consultivo se refiere de este modo al desencuentro surgido entre el IMAS y la fundación a raíz de los problemas de seguridad y convivencias con los menores allí acogidos, cuyo número se incrementó aquel verano tras varias oleadas de pateras llegadas a las costas de Baleares y que llevó en agosto a una ampliación de las plazas encargadas y que se sumaban al concierto suscrito en marzo de aquel año.

En su reclamación, la fundación explica que algunos de los menores acogidos presentaron conductas disruptivas que alteraron la pacífica convivencia del centro. Refiere afectaciones al resto de usuarios, ofensas a los educadores, incumplimiento de las normas y de las condiciones y negativa a seguir las orientaciones por los profesionales. También, según la reclamante, no facilitaban información verídica sobre las circunstancias personales, familiares o económicas.

Esta situación se trasladó al IMAS que, a juicio de la entidad, se limitaba a culpar al centro de la inseguridad generada y llegó incluso a exigirle la instalación de barrotes.

El conflicto culminó con la resolución del contrato en noviembre de 2021 alegando, por parte del IMAS, que la fundación había incumplido sus obligaciones en cuanto a las normas de seguridad, el cierre del centro y el traslado de los menores a otra ubicación.

La indemnización reclamada ascendía inicialmente a 348.000 euros por costes salariales, las medidas de seguridad adoptadas y las facturas que el IMAS dejó de abonar hasta la finalización del contrato, previsto para marzo del 2022.