Los okupas toman la sede de la empresa informática municipal de Palma inaugurada y cerrada hace un año
La Policía Local constata la presencia de tres personas y les da 10 días para abandonar el inmueble
Nuevo cadáver urbano del alcalde de Palma: inauguración y cierre de la sede del Instituto Informático
Los okupas se hacen con la vieja cárcel de Palma abandonada estas dos legislaturas por el alcalde Hila
Los okupas toman la sede del Instituto Municipal de Innovación (IMI) del Ayuntamiento de Palma, inaugurada a bombo y platillo en abril de 2022 y que desde entonces permanece cerrada al no estar ni siquiera equipada.
La presencia ilegal de los nuevos inquilinos que pernoctan en el interior de estas dependencias, ubicadas en la planta baja en la confluencia de las calles Joan Maragall y Gabriel Alomar, en plena Fachada Marítima, ya ha sido constatada oficialmente por la Policía Local.
Tanto es así que el Ayuntamiento de Palma liderado por el alcalde socialista José Hila ha iniciado los trámites para la recuperación de oficio de estas oficinas -actualmente sin uso alguno- y proceder a la expulsión de los okupas. Y ello pese a que la propia concejala de Seguridad, la también socialista Joana Maria Adrover, afirmó en un reciente pleno que la okupación no era un problema en Palma y circunscribió los casos a acciones aisladas que afectarían a antiguas dependencias abandonadas de entidades financieras.
Ahora toca el turno a estas oficinas municipales donde el pasado mes de diciembre la Policía Local constató la presencia permanente de tres okupas que continúan allí. Se trata de dos hombres y una mujer, de entre 30 y 40 años de edad, a los que a lo largo de esta semana se les ha comunicado la orden de desalojo.
En concreto, el acuerdo municipal les concede una vez notificada la resolución, un plazo de 10 días para que comparezcan y puedan realizar las alegaciones que consideren pertinentes. Transcurrido ese tiempo, y en caso de que no hayan habido alegaciones como suele ser habitual en estos casos, el Ayuntamiento considerará que están conformes con la decisión y podrán recoger cualquier pertenencia que sea de su propiedad.
Si hubiera resistencia al desalojo, «se adoptarán las medidas pertinentes para la recuperación del bien, pudiendo solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». No es la primera vez que los okupas toman este inmueble, ya que de hecho el gobierno municipal tuvo que desalojar a una treintena de ellos allí instalados en 2020, desde la declaración del estado de alarma en marzo de ese año, para iniciar precisamente las obras de construcción de la nueva sede del IMI.
El gobierno municipal, que niega que la okupación sea un problema en Palma, acabará la legislatura como la inició: con okupas en la sede del IMI a los que tardó tres semanas en desalojar en septiembre de 2020.
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