Un nuevo informe de la Policía certifica que la Consejería del ex juez Yllanes falsificó un documento

Un nuevo informe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Baleares ratifica que la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos que preside el vicepresidente de Baleares, y ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes falsificó un documento público. La Policía ha emitido el nuevo informe a petición del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma que investiga el denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO.

La Policía Científica ya emitió un primer informe el pasado 26 de enero en el que concluía que las firmas que aparecen en un documento de la Conselleria  de Yllanes no son manuscritas sino que son rúbricas añadidas mediante una foto reproducción. Las firmas son las del director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y la de la jefa de área de los Servicios Jurídicos de la Conselleria de Yllanes, Teresa Relea.

Los dos están imputados en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma y ya han tenido que prestar declaración ante el juez. Los denunciantes del caso, el Grupo Fabkina, presentó una querella criminal contra el propio Yllanes, que de momento no ha sido estimada por el juez.

Mediante la petición de estos informes a la Policía Científicas, el juez pretende determinar si los dos documentos en cuestión se firmaron realmente el 29 de julio de 2020 como asegura la Conselleria de Yllanes, o el 9 de septiembre del mismo año como sostiene la acusación particular. Se trata de un dato clave para determinar si el documento fue falsificado y precisamente esto es lo que cabe concluir de los dos informes de la Policía Científica a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Es un episodio más sobre el supuesto caso de corrupción que afecta a la Conselleria de Yllanes. Es la historia de la falsificación de un documento público con la finalidad de evitar fuertes sanciones a una serie de empresas del sector náutico así como una investigación judicial.

El objetivo de la Conselleria de Transición Energética que preside Yllanes era proteger a determinadas empresas afines al pacto de izquierdas de  Baleares y que estaban recibiendo importantes subvenciones por parte del Govern de Armengol.

Lo que no podía admitir la Conselleria de Yllanes es que las empresas que estaba subvencionando tuvieran expedientes sancionadores por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El denominado caso Varadero desvelado fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente delitos de prevaricación y falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio. Ahora, el informe de la Policía Científica demuestra que hubo falsificación de documento público.

Se concluye que Antonio Morro Gomila y Teresa Relea no firmaron el 29 de julio de 2020 ningún documento de archivo de los expedientes sino que sus firmas se estamparon de forma fraudulenta en el documento creado el 10 de septiembre de 2020 con la finalidad de archivar los expedientes a las empresas denunciadas.