Mercapalma: una guerra entre el alcalde Martínez y un ex ministro socialista con 150 millones en juego

Mercapalma: una guerra entre el alcalde de la capital balear, Jaime Martínez y el ex ministro socialista, José Miñones Conde, con 150 millones en juego. Esa es la cuantía estimada del valor del patrimonio real del mayor centro logístico de productos frescos de Baleares, cuyo accionariado se reparten la empresa pública estatal Mercasa, dependiente de los Ministerios de Hacienda y Agricultura con un 45,21%, y el Ayuntamiento de Palma con un 54,79% .

El proceso de liquidación de Mercapalma que estaba en marcha desde el mes pasado ha sido frenado en seco por el presidente de Mercasa, José Miñones. Un alto cargo socialista gallego al servicio del Gobierno de Sánchez y que después de ser delegado del Gobierno en Galicia entre 2021 y 2023, y ministro de Sanidad de marzo a noviembre de este último año, fue premiado en abril con la presidencia de esta compañía pública, a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Un sillón laureado con 180.000 euros de sueldo anual que Miñones va a utilizar para hacer su particular guerra contra el Ayuntamiento de Palma con cuyo alcalde, Jaime Martínez, ha roto cualquier negociación, tras paralizar el proceso de liquidación de Mercapalma para que los activos de esta empresa pública no reviertan al Ayuntamiento.

Todo ello, tras caducar este pasado mes de julio la concesión de 50 años firmada por el Gobierno central y el Ayuntamiento en la década de los años setenta del siglo pasado.

Miñones ha propuesto al Gobierno de Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros estudie la modificación de los estatutos de la compañía eliminando, una vez caducada la concesión, el plazo de disolución de la misma.

De prosperar, implicaría suprimir el derecho del Ayuntamiento a recuperar esta infraestructura, además, sin derecho a ninguna indemnización, y con el claro objetivo de quedarse con Mercapalma. En este caso, y ya puestos en su pugna contra Martínez, no se sabe si manteniendo el 45% de acciones actuales el Gobierno, o dándole la vuelta a la tortilla para hacerse con la mayoría que hasta ahora detentaba el Consistorio en el consejo accionarial.

Y eso pese a que los estatutos firmados en 1974 determinaban que una vez finalizado este plazo de concesión, el Ayuntamiento debía recuperar la infraestructura en condiciones de uso normales, revirtiéndole todos los activos y pasivos. En suma, que el Ayuntamiento sería el propietario del 100 por cien de Mercapalma.

Llegada la fecha del fin de la concesión, el gobierno municipal del PP inició negociaciones con Mercasa para realizar los trámites necesarios para liquidar la sociedad mixta.

Pero parece que Mercasa llevaba preparando la batalla desde hace meses. El 12 de junio, Miñones comunicó al Ayuntamiento que había solicitado al Consejo de Ministros que actuara con la finalidad de evitar la extinción de la sociedad, y continuar así las negociaciones que se estaban desarrollando, solicitando al Ayuntamiento lealtad institucional.

Pero el 29 de julio, de manera unilateral, Miñones comunicaba al Consistorio el cese de las negociaciones, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, trasladaba una propuesta de resolución con el objeto de elevar al Consejo de Ministros la eliminación de los artículos de los estatutos que afectan al plazo de duración de la sociedad, y el que reconoce al municipio de Palma el derecho de reversión del activo y pasivo de Mercapalma, así como de todas las instalaciones, bienes y material integrantes del servicio.

Un intento de «expolio» o «robo» del patrimonio municipal, como la calificó ayer el alcalde Martínez, que habrá que ver el recorrido que tiene.

Porque voluntad de, al menos, tender puentes no hay. Mercasa ya ha comunicado que no asistirá a ninguna junta este mes de agosto, como proponía el Ayuntamiento de Palma, para nombrar una comisión liquidadora.

Y no lo hará hasta que el Consejo de Ministro de Sánchez se pronuncie sobre la legalidad de la iniciativa de Mercasa, que en caso de salir adelante, trasladará la guerra entre Miñones y Martínez a los juzgados, un terreno al que está cada vez más abonado todo lo que toca Sánchez y su Gobierno.