El alcalde de Palma acusa al Gobierno de Sánchez de querer «expoliar» y «robar» Mercapalma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha acusado al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de querer «expoliar», «robar» e incluso «usurpar», Mercapalma cuya propiedad compartía hasta la fecha con el Ayuntamiento de la capital balear.

Así lo ha manifestado el primer edil palmesano en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el gobierno municipal está preparando sus alegaciones para mantener la propiedad de Mercapalma ante la solicitud de Mercasa (empresa pública del Estado) al Consejo de Ministros, por la que el Consistorio perdería su dominio sobre los activos y pasivos de la infraestructura.

Cabe recordar que la concesión terminaba el pasado 7 de junio tras 50 años. Durante este tiempo Mercapalma ha tenido a Mercasa y el Ayuntamiento como accionistas, el primero con un 45% de participación y el segundo con un 55%. Los estatutos firmados en 1974 determinaban que una vez finalizado este plazo, el Ayuntamiento debía recuperar la infraestructura en condiciones de uso normales, revirtiéndole todos los activos y pasivos.

«Llegaremos donde tengamos que llegar, sin ninguna duda», ha advertido este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, que no descarta llevar el asunto a los tribunales si es necesario. El primer edil ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer «expoliar», «usurpar» e incluso «robar» los bienes de los ciudadanos de Palma.

Martínez ha pronunciado estas palabras en una rueda de prensa donde ha anunciado que Mercasa ha comunicado al Consistorio el cese de las negociaciones sobre el futuro de Mercapalma, e iniciado un procedimiento a través del Gobierno para quedarse con la infraestructura.

Llegada la fecha el Ayuntamiento inició negociaciones con Mercasa para realizar los trámites necesarios. Según Martínez, la propuesta municipal siempre ha sido mantener a Mercasa como accionista con nuevas condiciones, pero la empresa estatal se ha negado en redondo y exigía una concesión indefinida, sin límite temporal, algo que para el Ayuntamiento es jurídicamente inviable: «Nunca se ha barajado esta posibilidad».

En este contexto, Martínez ha lamentado la «deslealtad» de Mercasa por haber instado, paralelamente a estas conversaciones, una solicitud al Gobierno para modificar los estatutos eliminando el derecho del Ayuntamiento a recuperar la infraestructura, y sin ninguna indemnización. El Consistorio tiene hasta el próximo 21 para formular alegaciones.

En este contexto, Martínez ha lamentado la «deslealtad» de Mercasa por haber instado, paralelamente a estas conversaciones, una solicitud al Gobierno con la que quedarse con Mercapalma. En concreto, pretende modificar los estatutos eliminando el plazo de disolución de la sociedad. De prosperar, implicaría suprimir el derecho del Ayuntamiento a recuperar la infraestructura; ello, además, sin ninguna indemnización.

La administración municipal no ha hecho de momento un cálculo económico del valor de los bienes en liza, si bien, como ha matizado la regidora Mercedes Celeste, «el tema es que sea lo que sea lo que hay ahí, es del Ayuntamiento de Palma y pertenece a todos los ciudadanos».
El Ayuntamiento tiene hasta el próximo 21 para formular alegaciones a la resolución del Consejo de Ministros.

Los servicios jurídicos preparan ya su escrito, aunque según el alcalde se ven obligados a hacerlo sin contar con toda la documentación: «El documento que se remitió al Ministerio constaba de 31 anexos, pero sólo se nos ha hecho llegar uno de ellos», ha protestado Martínez.

Para el alcalde, es «alarmante la manera de proceder» del Estado, «usurpando al municipio de Palma su patrimonio sin compensación económica alguna» con un «procedimiento exprés» para privar al Ayuntamiento «de todos los derechos de reversión que tenía reconocidos contractualmente desde hacía 50 años»: «Es modificar las reglas del juego al final del partido».

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento mantiene su postura de seguir negociando y para ello ha convocado a Mercasa a una junta esta primera quincena de agosto. Con todo, hasta este martes no se había fijado día ni hora. El objetivo de la reunión es nombrar una comisión liquidadora para «evitar perjuicios a cualquier trabajador o servicio».

Sobre esto último, Martínez ha querido mandar un mensaje de tranquilidad sobre el funcionamiento de la infraestructura. La situación no supondrá ningún cambio a nivel logístico para las empresas que están en Mercapalma (92 mercantiles agroalimentarias), y «todos los pagos a trabajadores están absolutamente cubiertos», según el alcalde.