Manifestación de motoristas en Palma en demanda de más acciones para prevenir los accidentes

Conductores de motos se han manifestado este domingo en Palma, en el contexto de una convocatoria nacional, para protestar por la «incapacidad» de las administraciones para reducir los accidentes y la aprobación de regulaciones «insensatas» encaminadas a prohibir o restringir el uso de vehículos de motor. Además, los convocantes también denuncian que las regulaciones en la materia se toman «sin objetividad y sin contar con la opinión de los usuarios y conductores de estos vehículos».

Tal y como precisaba en un comunicado la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU), el acto ha comenzado a las 11.00 horas en el aparcamiento del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix. Una hora más tarde, la treintena de motoristas personados han arrancado la marcha, la cual se ha realizado a baja velocidad por razones meteorológicas.

OKDIARIO se ha desplazado al lugar y ha podido entrevistar a Raúl Montero, secretario regional de esta organización sin ánimo de lucro. El representante motorista ha repasado las reclamaciones de su gremio, entre las que destaca «una mayor seguridad en las carreteras» y que «las administraciones públicas cumplan las leyes».

Montero ha señalado que «el ordenamiento jurídico obliga a los titulares de las vías a mantenerlas en el mejor estado posible para su circulación» y ha recordado que así lo estipula «la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación». En este sentido, también piden que se protejan los guardarraíles y que se prioricen las partidas presupuestarias para el mantenimiento de las carreteras y calles.

A su vez, el secretario de IMU en Baleares ha remitido a este digital otra de las demandas de su organización, en este caso referente a las investigaciones de siniestros de tráfico. Montero ha criticado que «son muy deficientes, ya que sólo se busca al responsable legal para que pague el daño ocasionado»

Por ello, ha solicitado que se forme y equipe debidamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad que practican la investigación de accidentes de tráfico. «Se debe buscar, a través de una investigación más técnica y profunda, las causas reales del accidente para evitar que se vuelva a repetir otro de características similares», ha puntualizado el activista.

Paralelamente, otra exigencia del colectivo motociclista es que las fiscalías de seguridad vial persigan de oficio el tipo delictivo de no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo.

Por otro lado, los motoristas también solicitan que se retire del discurso político y de la Dirección General de Tráfico (DGT) la intención del cobro por uso de las carreteras, así como la intención de legislar y obligar al uso de guantes y chalecos de airbag.

«La DGT lleva años intentando poner obligatorio el uso de guantes y chaleco airbag. Antes de poner obligatorio algo, hay auditarlo y controlar el mercado», ha expresado Montero, quien considera inadmisible que «se estén vendiendo guantes de fregar para conducir motos».

En la misma línea, el activista motorista ha calificado de «verde» el actual sistema de chalecos airbags, pues, según él, «no está tan avanzado como el de los vehículos turismo». «No puedes obligar a llevar un sistema que realmente no está comprobado al 100% y que no te garantice su correcto funcionamiento en todas las situaciones posibles», ha referido Montero.

De igual modo, los convocantes han pedido que desde las autoridades de consumo se persiga la venta y distribución de equipación de protección para motociclistas que no esté debidamente certificada u homologada.

Adicionalmente, quieren que se rebajen los impuestos de hidrocarburos y en general de la energía, que se reconozca a la motocicleta como un vehículo eficiente en la movilidad urbana y se dé protección especial a su uso.

Durante la manifestación se han realizado actos simbólicos en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Además, la organización había avisado a sus participantes que quedaba prohibido hacer uso de «banderas políticas». También que debían acatar todas las normas dictadas por los agentes que asistan a prestar protección del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.