Macrogranja de Llucmajor: ocho sanciones y una nave cerrada

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente tramitará un total de ocho sanciones contra la macrogranja de gallinas de Llucmajor, que podrían superar los 420.000 euros, ha decretado el cierre de una de las seis naves que tiene y se sacrificarán las más de 20.000 gallinas que albergaba esta parte.

Este ha sido el resultado de la inspección que llevó cabo la Conselleria el pasado martes en las instalaciones de Ses Cirternetes, en las que se ha constatado que las imágenes grabadas por las entidades animalistas «coinciden» con las que han tomado los técnicos que se desplegaron allí.

De este modo, Agricultura ha apuntado que el cierre de esta nave implicará su «vaciado sanitario» y la inmovilización de los huevos en producción o que estuvieran en el almacén, procedentes de esta zona en la que se han detectado las incidencias más graves.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha explicado que la Conselleria, en base a sus competencias, ha levantado siete actas por infracciones graves y una leve. Cada una de las graves llevaría aparejada una sanción que podría ascender hasta los 60.000 euros y la leve hasta los 600 euros.

Además de estas medidas, se programará un calendario de controles «exhaustivos» para vigilar el cumplimiento de la normativa de la Dirección General Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Aún así, ha señalado que estas sanciones serían independientes de otras que se puedan incoar por los análisis y circunstancias que todavía se investigan.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha detallado que esta granja opera desde 1961 pero la licencia para la producción de huevos se le otorgó en 2017. La granja consta de seis naves en las que, en general, se han observado unas condiciones de limpieza «deficiente» y en una de ellas es donde se habrían producido las infrancciones «graves».

Allí, se encontraron 15 cadáveres de gallinas en distintos grados de descomposición, por lo que esto indicaría que no habría cumplido con la normativa que exige la retirada de los cuerpos de las aves 24 horas después de su muerte. También se hallaron ocho cadáveres de roedores y una rata agonizante, por lo que Fernández ha recalcado que esto sería un indicativo de que el plan de bioseguridad «no se aplica como toca».

Durante la inspección de los técnicos de la Conselleria, en colaboración con el Seprona, se solicitaron los registros de limpieza y desinfección, que no se facilitaron en este momento.

Por estos motivos, se reclamó a la empresa que presentara el corrrespondiente plan de limpieza, el plan de prevención de plagas y registros, el sistema de integral de explotación ganadera, el registro medicamentos, las analíticas de potabilidad del agua y el registro de enfermedades y pruebas diagnósticas, entre otros. Todos estos documentos fueron entregados por la empresa en el plazo convenido de 24 horas.

Fernández ha destacado que el 7 de agosto de 2024 ya se realizó una inspección que dio lugar a la apertura de un procedimiento sancionador y a la adopción de medidas cautelares. En octubre de 2024 se denunció ante la Fiscalía la posible comisión de un delito ambiental pero el procedimiento fue archivado por la vía penal en febrero de este año.

Asimismo, ha recordado que la última visita de control fue el 27 de febrero de este año, en la que se confirmó que la reducción del censo a 40.000 gallinas debía completarse en un plazo máximo de seis meses. No obstante, hay que tener en cuenta los plazos administrativos, ya que el cómputo oficial del plazo no comienza realmente hasta junio de 2025, por lo que el límite sería diciembre del mismo año.

A preguntas de los medios, Fernánez ha aclarado que los huevos que vende esta granja se comercializan en cadenas de distribución de Baleares, por lo que no habrían llegado a la península. No obstante, ha matizado que cuando los huevos pasan a la cadena alimentaria, la autoridad competente para retirarlos sería la Conselleria de Salud.

En ese sentido, ha explicado que el informe con las incidencias se ha trasladado a Salud Pública y será este organismo el encargado de evaluarlos. También ha insistido en que la trazabilidad de los huevos es «sencilla», ya que todos tienen un código.

Al hilo de los cadáveres de gallinas encontrados, el director general ha apuntado que estas 15 muertes no dan una ratio que les indique que hay una «sobremortandad» de aves, ya que el censo máximo que podía albergar la nave clausurada era 21.050 gallinas y en el momento de la inspección tenía 20.480.

Al mismo tiempo, Fernández ha recalcado que una de las medidas adoptadas para reducir la población de la granja fue impedir la entrada de nuevos polluelos hasta que se llegara a esa cifra de 40.000 gallinas a final de año.