La Ley de Vivienda de Sánchez impide al Govern echar a los okupas de 36 pisos sociales públicos

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 17/08/2024 11:02
  • Actualizado: 17/08/2024 11:02

La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios el año pasado, ha impedido al Govern balear echar a los okupas de 36 pisos sociales públicos, frenando la recuperación de estos inmuebles para destinarlos a las familias más necesitadas. El Instituto balear de la Vivienda (Ibavi) no ha podido ejecutar desalojo ni lanzamiento alguno de los inquilinos de estas viviendas, que mantienen el usufructo de estos pisos sociales.

En 2019, con el anterior Govern de la socialista Francina Armengol al frente, el Ibavi llegó a tener hasta 120 viviendas okupadas en una clara demostración de la política de pasividad, si no de permisividad frente a este fenómeno, practicada por el PSOE y, especialmente, por sus socios independentistas de Més y Podemos.

Fue en 2020 cuando el Ibavi inició un plan de actuación tanto contra la morosidad de decenas de inquilinos que no abonaban regularmente sus rentas de alquiler, como contra las okupaciones ilegales. Cuando se inició este plan, se informó a todas las personas que okupaban de forma irregular cada una de estas viviendas sociales, acerca de la posibilidad de abandonar el piso y devolver las llaves de forma voluntaria. De hacerlo así, podrían inscribirse en el registro de demandantes de vivienda protegida y participar en los procedimientos ordinarios de adjudicación de viviendas que el Ibavi llevara a cabo.

De lo contrario, se interponía la correspondiente denuncia ante los juzgados para recuperar la vivienda, quedándose además sin opción alguna, a ser adjudicatario de alguna de ellas.

Con esta finalidad, desde el área social se fue informando de estas posibilidades a las personas que okupaban ilegalmente las viviendas y la presión comenzó a dar resultado.

De forma paralela, el Govern balear empezó a instalar alarmas y puertas antivandálicas en todas las viviendas sociales que quedaban vacantes, una vez recuperada su posesión tal y como sucedió en el conflictivo barrio palmesano de Corea. Este hecho consiguió detener las okupaciones ilegales y que el número de viviendas okupadas ilegalmente no se incrementara.

De hecho, con este plan se llegaron a recuperar hasta 84 viviendas sociales que fueron adjudicadas a personas necesitadas que son Baleares miles de familias, dado el ato precio del mercado inmobiliario de compra y venta o alquiler.

La interposición de las denuncias, junto a un trabajo intenso efectuado por el área de gestión del Ibavi en coordinación con el resto de departamentos, así como la instalación de alarmas y puertas antivandálicas, permitió la recuperación de esas viviendas sociales. En concreto, se recuperaron 31 por lanzamiento judicial, 50 por devolución voluntaria con intervención del área social y sólo tres por intervención policial.

En estos momentos, continúan okupadas ilegalmente esas 36 viviendas, ya que desde la ley del Gobierno de Pedro Sánchez, los lanzamientos a okupas se suspenden al considerarlos un colectivo «vulnerable», sin en verdad conocer su situación real de necesidad.

Hay que recordar que la nueva ley obliga al propietario que quiera recuperar su vivienda a demostrar si la propiedad es vivienda habitual del okupa que quiere desalojar, y si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para acreditar esa situación tiene que recibir la autorización del propio okupa y, si no la tiene, recurrir a los servicios sociales para que acrediten que no dispone de permiso.

En cuanto a la distribución geográfica de los pisos sociales okupados, en Ibiza donde había tres viviendas públicas con okupas en 2019 ya no hay ninguna, y en Menorca, sólo hay dos uno con el trámite judicial iniciado para su desalojo. En el caso de Mallorca donde había 115, tras recuperar el Govern 79 de ellos, quedan los citados 36 pisos okupados y pendientes de resolución judicial, para su posterior puesta a disposición de alguna de las más de 4.000 personas demandantes en lista espera para lograr un piso de alquiler del Ibavi.