Indigentes, tiendas de campaña y chabolas de quita y pon en el parque Pocoyó de Palma

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 19/01/2024 06:50
  • Actualizado: 19/01/2024 06:50

Tres meses después de que el Ayuntamiento de Palma desalojara a un grupo de indigentes, sus tiendas de campaña y restos de chabolas ubicadas en los locales subterráneos municipales frente al parque Pocoyó  tras la denuncia de OKDIARIO, en la calle Joan Maragall, de nuevo este enclave vuelve a acoger a personas sin hogar.

Y no son dos ni tres tiendas de campaña las que allí hay, sino casi una docena ubicadas alrededor de la fachada de la nueva sede del Instituto Municipal de Innovación(IMI), más otra adicional en la zona verde de arriba, frente a las dependencias de la compañía municipal de limpieza Emaya.

La presencia de indigentes y chabolas en este espacio subterráneo municipal es una constante desde la pasada pandemia de la Covid donde se convirtió en una zona de alojamiento permanente que llegó a albergar a casi medio centenar de personas sin hogar.

Han sido ya varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Palma en la pasada y en la presente legislatura, se ha visto en la necesidad de poner en marcha el procedimiento legal para su desalojo, algo que no se materializa de un día para otro.

La primavera pasada estas nuevas oficinas municipales que estuvieron cerradas a cal y canto durante más de un año tras su inauguración, fueron tomadas por los okupas. En concreto, eran dos hombres y una mujer, de entre 30 y 40 años de edad, contra los que el Ayuntamiento de Palma inició un largo proceso de tramitación para su desalojo que concluyó el pasado verano.

La pasividad e indiferencia del anterior gobierno municipal encabezado por el ex alcalde socialista, José Hila, hizo que proliferasen los asentamientos de chabolas en la capital balear en este lugar y en otros solares y barrios.

Un chabolismo que se ha ido consolidando de forma permanente durante estos años con ejemplos por doquier, que van desde calles como las de Jacint Verdaguer frente a las vías del tren de Inca, a barrios como el de Son Serra Parera, solares de la calle Aragón frente a la entrada a la Vía de Cintura, en la calle Manacor, o el ya normalizado asentamiento del céntrico aparcamiento municipal del Parc de Ses Estacions. 

Más allá de acuerdos plenarios aprobados por unanimidad para su erradicación, como el alcanzado en junio de 2022 en el Consistorio palmesano, en la práctica, poco se ha trabajado para el desmantelamiento de estos asentamientos ilegales donde no hay las mínimas condiciones de salubridad.

Hace año y medio el pleno del Ayuntamiento de Palma acordó instar al equipo de gobierno entonces dirigido por el ex alcalde Hila, a «impulsar medidas sociales, habitacionales y de seguridad para las personas que viven en la calle».

Una propuesta transaccional a una moción presentada por Vox en la que esta formación exigía tomar medidas contra la proliferación de chabolas en Palma.

Como apuntaba en aquella sesión plenaria el hoy portavoz adjunto en el Parlament de este partido, y entonces concejal también en el Ayuntamiento de Palma, Sergio Rodríguez, «hay que tomar medidas urgentes para no seguir dañando, por una parte, la imagen de nuestra ciudad y, por otra, a las personas que viven en estas chabolas, algunas de ellas mayores o niños, que viven en absolutas condiciones infrahumanas, de insalubridad, sin ningún tipo de servicios, sin agua corriente, sin luz, etcétera».

Rodríguez recordaba a Hila que cuando el Ayuntamiento ha querido, ha atajado este problema.

«Tenemos el ejemplo del velódromo, donde la presión vecinal, las denuncias políticas, la repercusión mediática, hizo que el Ayuntamiento se pusiera manos a la obra y acabase con este fenómeno. Nosotros no dejaremos de insistir que se trata de un problema no sólo de imagen de ciudad, sino de un problema social y el Ayuntamiento tiene que dar una respuesta habitacional y de servicio a estas personas que se ven abocadas a vivir en estas condiciones».

Unas palabras recogidas en el acta de la sesión de plenos de aquella jornada que no provocaron la reacción esperada del anterior gobierno municipal porque en palabras del entonces concejal de Bienestar Social de Més, Antoni Noguera, «erradicar esto es muy complejo. No es tan fácil ni basta con aprobar una propuesta», indicó Noguera, hoy retirado ya de la política activa.