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Guías turísticos de Baleares advierten que la ordenanza cívica de Palma choca con la normativa autonómica

Mientras la regulación balear de rango superior permite grupos de 70 personas la norma palmesana lo restringe a 20

También rechazan que los guías lleven a la vista su acreditación con nombres, apellidos y DNI: "Vulnera la privacidad"

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La asociación Proguies Turístics de Baleares, integrada en Pimem, ha advertido que la limitación de las visitas guiadas a un máximo de 20 personas que contempla la ordenanza cívica de Palma contraviene la normativa autonómica, que permite que los grupos sean de hasta 70 personas.

Esta regulación, han apuntado la asociación en un comunicado, es de rango superior y está vigente desde 2015, por lo que prevalecería sobre la ordenanza, que todavía tiene que ser aprobada de forma definitiva por el pleno municipal y se encuentra en periodo de alegaciones.

«Actualmente la media de grupos se mueve entre los 30 y los 50, pero llama la atención que el Ayuntamiento no haya tenido en cuenta la normativa autonómica antes de dar el paso», ha señalado el presidente de Proguies Turístics, Gabriel Rosales.

Por otra parte, Rosales ha considerado que esta limitación municipal propuesta «golpeará» de manera directa tanto al ámbito turístico como a otros sectores económicos y empresariales relacionados con las visitas a Palma.

«Con grupos de 19 miembros no vamos a poder vender excursiones al ser inviables económicamente», ha lamentado el presidente de Proguies, quien ha recordado que la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) se pronunció en los mismos términos.

Lugares como la Catedral de Mallorca o el Castell de Bellver, ha añadido, también podrían ver reducidos sus ingresos. En el segundo caso la pérdida afectaría directamente al Ayuntamiento, ya que es quien lo gestiona, ha puntualizado Rosales.

Vulneración de la privacidad

Otro de los aspectos de la ordenanza que ha rechazado la asociación de Pimem es la obligación de que los guías lleven a la vista documentos que los acrediten con nombres, apellidos y el número del DNI.

«Se vulneran unos derechos de privacidad y se entra en conflicto con la ley de protección de datos. ¿Cómo puede ser que un policía se identifique con un número y nosotros tengamos que exponer toda esta información? Se nos trata como a criminales», ha incidido Rosales.

Tampoco se ha mostrado conforme con la posibilidad de que sea la Policía Local la que controle el número exacto de turistas que conforman un grupo de visitantes.

«¿Qué hacemos con los turistas que se unen al grupo, sin ser del grupo, en el momento en que estamos dando explicaciones? ¿Les ponemos un chip como a los perros para saber quién es quién? ¿Repartimos porras para disuadir a los que no son del grupo?», ha concluido.