OkBaleares
baleares

La EMT de Palma aumenta su flota rebajando a la mitad los 80 autobuses que no circulaban por averías

Contrata a 60 nuevos conductores ante el incremento de vehículos ahora disponibles

Sánchez sigue sin revelar si mantendrá la subvención para que la EMT siga siendo gratuita

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La EMT de Palma ha reducido a la mitad los 80 autobuses que no circulaban por averías la pasada legislatura, y que a diario se quedaban en las cocheras de la compañía municipal situadas en la carretera del Coll den Rabassa a Son Ferriol, muy cerca de Mercapalma.

El número de vehículos que se quedaban en la estacada sin poder ofrecer servicio representaba más de la tercera parte de la flota de 200 autobuses con la que cuenta la empresa.

Una realidad que revela la más que discutida gestión realizada la pasada legislatura por el presidente de la EMT y ex concejal socialista de Movilidad, hoy en la oposición, Francesc Dalmau, que además dejó caducar el contrato de mantenimiento de los autobuses en 2022 manteniendo el servicio en precario y bajo mínimos, al no haber sido renovado.

Este fue el desolador panorama que se encontró el verano del pasado año al aterrizar en la EMT su sucesor en el cargo, Toni Deudero.

El actual concejal de Movilidad de Palma lo primero que hizo fue aprobar el nuevo contrato de mantenimiento de la flota de autobuses en septiembre, que fue adjudicado posteriormente en diciembre de 2023. Un refuerzo externo del servicio de reparación incluyendo el suministro de piezas para los autobuses públicos durante los próximos dos años, por un valor de 13 millones de euros.

Incluía el arreglo de motores, electromecánica y mantenimiento de vehículos de las diferentes marcas de la empresa que no se encuentren en periodo de garantía, reparaciones externas de cajas de cambio y equipos, así como el suministro de recambios y elementos originales de las marcas para los autobuses IVECO y SCANIA.

A ello hay que unir la cobertura de diferentes plazas de jefaturas del taller propio de la compañía municipal que estaban vacantes, y la contratación de hasta nueve nuevos operarios y técnicos. Como era de esperar en apenas un año, y pese a las carencias evidentes que aún existen en el transporte público palmesano, la realidad ha dado un giro notable y de los 80 autobuses que se quedaban en cocheras se ha pasado a 40, con días donde la cifra es aún inferior.

Tanto es así que ante el aumento del número de autobuses en circulación, la compañía ha contratado en apenas un año un total de 60 conductores nuevos que se ha incorporado ya a una plantilla que entre chóferes, mecánicos, personal administrativo y directivo ronda los 850 empleados y que en estos momentos transporta anualmente la cifra récord de 52 millones de pasajeros.

Para hacernos una idea de lo que ese dato supone, baste recordar que 2019 el año antes de la pandemia que puso en jaque el transporte público, la EMT tuvo 43.192.667 millones de usuarios y fue un ejercicio histórico en cifras de viajeros si bien entonces el servicio era de pago.

Precisamente, una de las grandes incógnitas que quedan por despejar es si el transporte público palmesano seguirá siendo gratis total para los usuarios el próximo año, como ha sucedido las dos pasadas anualidades o bien el Gobierno de Pedro Sánchez pasa página y decide no aportar la insuficiente subvención de 18 millones de euros, como ha sucedido en las dos pasadas anualidades.

Una aportación más que deficiente que no cubre la gratuidad y que cuesta siete millones de euros anuales a los contribuyentes palmesanos, ya que el coste total del servicio, entre nóminas, combustible y demás ronda los 25 millones de euros al año.

De ahí que el Ayuntamiento se viera obligado a pedir un crédito el pasado mes de junio por un importe de 15 millones de euros ante la falta de liquidez, y para poder cubrir el descuadre que en las cuentas de la compañía provoca la gratuidad del billete. Una póliza de crédito que tampoco sale gratis al contribuyente ya que las arcas públicas pagan en intereses más de 300.000 euros.