Empresarios rechazan que el Ayuntamiento limite a 20 personas las visitas guiadas a Palma
La asociación de actividades turísticas advierte que afectará negativamente al sector turístico, comercio y al empleo
Exigen al alcalde Martínez que se suprima esta restricción en la nueva ordenanza cívica o la aplace hasta el verano de 2026
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La limitación de los grupos de visitas guiadas a Palma que contempla la futura ordenanza cívica que ha impulsado el Ayuntamiento que lidera el popular Jaime Martínez sigue generando rechazo en buena parte del sector.
Si la semana pasada eran la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares y la asociación Proguies Turístics los que expresaban su oposición a esta medida (el Colegio Oficial de Guías Turísticos de Baleares si la apoya), ahora es la Asociación Balear de Actividades Turísticas (ABACTUR) la que alza la voz contra estas restricciones.
Tras adelantar el colectivo empresarial que ha presentado alegaciones a la nueva ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica en Palma, que está en estos momentos en exposición pública, según ABACTUR, la limitación a grupos de un máximo de 20 personas «podría afectar negativamente al sector turístico, el comercio local y el empleo».
Actualmente, los grupos guiados oscilan entre 35 y 50 personas, por lo que la nueva restricción, apunta el colectivo, «implicaría un incremento en los costes de las excursiones, una reducción en la demanda y un impacto directo en el comercio del centro. También generaría dificultades operativas, ya que no hay suficientes guías acreditados en Baleares para asumir el aumento de grupos más pequeños».
Uno de los aspectos más preocupantes, abunda la entidad, es el efecto sobre el turismo del IMSERSO, fundamental para la actividad económica en temporada baja.
«La limitación de grupos encarecería las excursiones, lo que podría desincentivar las visitas a Palma en favor de otros destinos con normas más flexibles. Esto afectaría directamente a la hostelería, el comercio y las empresas turísticas que dependen de este segmento para alargar la temporada».
Por ello, ABACTUR solicita al gobierno municipal presidido por el alcalde del PP, Jaime Martínez, que se suprima la limitación de grupos turísticos o, al menos, se retrase su aplicación hasta el verano de 2026 y que en los grupos durante temporada baja y especialmente los grupos del IMSERSO queden exentos de esta restricción, permitiendo que siga dinamizando la economía en temporada baja.
«Entendemos la necesidad de regular la convivencia en la ciudad, pero hay que evitar que las medidas tengan consecuencias irreversibles para el sector turístico y el comercio. Palma no puede permitirse perder competitividad frente a otros destinos mediterráneos», explica Rafa Durán, presidente de ABACTUR.
Asimismo, señala que el diálogo con el sector es clave para encontrar soluciones que beneficien a todos: «Hemos hablado con el Ayuntamiento de Palma y estamos abiertos a trabajar para establecer normas que garanticen tanto la sostenibilidad del turismo como el bienestar de los residentes. Pero esto debe hacerse sin perjudicar a miles de trabajadores y empresas que dependen del sector turístico».
Unas demandas en línea con lo reclamado por la asociación Proguías Turísticos de Mallorca, integrada en la patronal PIMEM, también en desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Palma de limitar los grupos de turistas con guía. Entre otras cuestiones porque como indicaba este colectivo, la medida contraviene la normativa autonómica, que permite que los grupos sean de hasta 70 personas.
Esta regulación, han apuntado la asociación en un comunicado, es de rango superior y está vigente desde 2015, por lo que prevalecería sobre la ordenanza, que todavía tiene que ser aprobada de forma definitiva por el pleno municipal y se encuentra en periodo de alegaciones.
Otro de los aspectos de la ordenanza que ha rechazado la asociación de Pimem es la obligación de que los guías lleven a la vista documentos que los acrediten con nombres, apellidos y el número del DNI. Para esta agrupación, se estarían vulnerando unos derechos de privacidad y entrando en conflicto con la ley de protección de datos.
Tampoco se ha mostrado conforme con la posibilidad de que sea la Policía Local la que controle el número exacto de turistas que conforman un grupo de visitantes.
«¿Qué hacemos con los turistas que se unen al grupo, sin ser del grupo, en el momento en que estamos dando explicaciones? ¿Les ponemos un chip como a los perros para saber quién es quién? ¿Repartimos porras para disuadir a los que no son del grupo?», concluía el comunicado del colectivo.
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