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Los ecologistas del GOB activan el modo electoral y atacan el traslado de basuras de Ibiza a Mallorca

El Govern de Prohens recuerda que, varios meses después del inicio del servicio, "no ha pasado nada de lo que se dijo"

Los ecologistas del GOB activan el modo electoral y atacan el traslado de basuras de Ibiza a Mallorca
Portavoces del GOB y la Plataforma contra el traslado de residuos.
Tomas Ibarz

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido el traslado de residuos a Mallorca desde Ibiza después de que el GOB y la Plataforma contra el traslado de residuos hayan anunciado que lo impugnarán por supuestas irregularidades legales y ambientales.

«No ha provocado nada de lo que se dijo», ha subrayado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha recordado que el traslado se está llevando a cabo desde el pasado verano.

Igualmente, ha manifestado su «respeto absoluto» a la oposición o reclamaciones de las entidades ecologistas, que este viernes han reclamado en rueda de prensa a las administraciones que paralicen esta operación.

El GOB y la Plataforma contra el traslado de residuos han impugnado ante la justicia la adjudicación del contrato de transporte de desechos de Ibiza a Mallorca por supuestas irregularidades legales y ambientales, y han reclamado a las administraciones que paralicen esta operación, que han calificado de «prueba piloto fraudulenta», ya que puede prolongarse hasta dos años.

Así lo han explicado este viernes en una rueda de prensa los portavoces de la organización, Aina Llauger, Joan Mateos y Toni Font, quienes han asegurado que la adjudicación «no se tendría que haber hecho», puesto que no existía una urgencia real y «no está justificado» que el contrato se tramitara sin publicidad, habiendo otras empresas que podían prestar el servicio.

La demanda, que presentaron formalmente el pasado 9 de noviembre, se dirige contra el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell de Ibiza de 22 de mayo de 2026, en el que se adjudicó el contrato a la UTE Giref, por un valor estimado de 22 millones de euros.

Según ha detallado Mateos, el contrato se adjudicó mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que únicamente se invitó a Giref, concesionaria del vertedero de Ca na Putxa desde 2003.

Ambas entidades han cuestionado esta exclusividad, ya que, han asegurado, el trabajo que solo puede realizar la concesionaria (embalar los residuos en Ca na Putxa) supone tan solo el 4 por ciento del coste variable (9,89 de 243,46 euros por tonelada).

El resto de prestaciones, han añadido, corresponden a otros servicios que no se han dividido en lotes, como el transporte, que supone casi la mitad del coste y que «se podría subcontratar», y la incineración de los desechos en la planta de Son Reus, que factura Tirme.

«No hay ninguna razón técnica por la cual solo una empresa pueda mover un camión o reservar espacio en un barco. La única exclusividad es la que la administración se ha hecho a medida», ha criticado Font.

En esta línea, también han puesto en duda el carácter de simple prueba piloto del proyecto, diseñado inicialmente para 9.271 toneladas en tres meses, pero prorrogable hasta siete veces, hasta los dos años. Según han expuesto, el contrato no fija mínimos ni máximos y establece como objetivo enviar «el máximo de toneladas posibles», lo que otorga a la empresa adjudicataria «una ventaja difícil de igualar» de cara al futuro servicio definitivo.

La demanda también denuncia que la normativa que atribuye la ejecución a la concesionaria se aprobó cuando el proyecto ya estaba en tramitación. En concreto, el Consell de Ibiza solicitó las autorizaciones al Consell de Mallorca en julio y septiembre de 2025, mientras que el decreto ley que reserva la prueba a Giref es del 5 de diciembre de ese mismo año.

Según el GOB y la Plataforma, esta exclusividad creada a posteriori podría constituir una restricción artificial de la competencia contraria a la directiva europea de contratación pública y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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