Desconvocada la huelga de las guarderías municipales de Palma a la espera de la reunión con el alcalde
Tras 39 días de conflicto laboral las educadoras han suspendido el paro entre el 6 y el 16 de junio
Abiertas las negociaciones con la concesionaria a la que exigen equiparación salarial con los centros públicos
Las trabajadoras de las guarderías municipales externalizadas de Palma han anunciado la suspensión temporal de la huelga indefinida que siguen desde hace 39 días para facilitar las negociaciones a la espera de la reunión que van a mantener con el alcalde de la capital balear del PP, Jaime Martínez, el próximo 11 de junio.
En un comunicado, los sindicatos CCOO y UGT han explicado que las trabajadoras de las escoletas municipales de gestión indirecta del Patronato Municipal suspenden «por responsabilidad» el paro entre el 6 y el 16 de junio. Esta suspensión temporal, señalan, no supone la desconvocatoria de la huelga, sino una pausa «con una mirada puesta en una solución dialogada del conflicto».
Este conflicto laboral afecta a más de 130 profesionales de los centros infantiles municipales gestionados indirectamente por una empresa concesionaria a la que exigen equiparación salarial y laboral con las educadoras de guarderías municipales de gestión pública.
La principal reivindicación de las trabajadoras de estos ocho centros privatizados es que se ponga fin de manera progresiva a la diferencia salarial que existe con sus homólogas de gestión directa (tres centros públicos) de 700 euros mensuales (1.200 frente a 1.800 euros).
Las educadoras reclaman equiparar progresivamente sus salarios desde el 1 de enero de este año hasta el 1 de enero de 2026, con un primer aumento de 310 euros.
Cabe recordar que el próximo miércoles hay prevista una reunión con el alcalde de Palma y, además, según han indicado, se han abierto vías de diálogo con la empresa concesionaria Estudi6.
El contrato en vigor de las guarderías municipales externalizadas lo licitó el gobierno municipal del ex alcalde socialista José Hila la pasada legislatura, concretamente en 2022 por dos años, prorrogables por dos años más, un contrato que mantenía las mismas condiciones que el anterior de 2016.
Además, no prevé modificaciones ni revisiones salariales que, en todo caso, dependen de la empresa que tiene adjudicada la gestión.
La suspensión temporal se produce ante la inminencia de la constitución de la mesa negociadora para impulsar un convenio autonómico propio para el sector, así como la negociación para establecer un complemento de mejora de las condiciones laborales.
Las organizaciones sindicales han recordado, también, lo que han considerado «condiciones abusivas» de los servicios mínimos impuestos, que han limitado el derecho de huelga, dificultando la viabilidad de la protesta.
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