Corrupción en Baleares: el Govern de Armengol falsificó un documento para frenar una investigación judicial

El Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol falsificó un documento con la finalidad de frenar una investigación judicial y favorecer a varias empresas de su entorno. Son sociedades relacionadas con el sector de la náutica que no cumplían las normativas sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. La presunta trama de corrupción salpica al actual vicepresidente y conseller responsable de Industria, el juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos, y al actual responsable de esta materia, el conseller socialista Iago Negueruela.

La falsificación documental se ha traducido en que varias empresas que incumplen la normativa sobre instalaciones industriales sigan trabajando en el Puerto de Palma y que, además, se hayan librado del expediente sancionador que inicialmente se vio obligado a abrirles el Govern y de una  investigación judicial que ya se había iniciado.

Los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se presentó ante la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria que dirigía entonces el socialista Iago Negueruela, hoy vicepresidente del Govern, una denuncia formulada por el Grupo Fabkina SL contra diversas empresas que trabajan en el Puerto de Palma, concretamente en las carpas del recinto de Servicios Técnicos Portuarios del Moll Vell.

En la denuncia se especificaba que hay instalaciones de calefacción que se alimentan mediante unos depósitos de productos petrolíferos líquidos de hasta mil litros de capacidad que no están homologados por no disponer de doble capa ni de cubierta de retención. Hay incluso diversos depósitos conectados a una misma instalación que no están registrados.

El 29 de noviembre del mismo año se registra otra denuncia, ahora centrada en las irregularidades de las torres de refrigeración instaladas por una empresa que no estaba habilitada para este tipo de infraestructuras. Las torres, además, no mostraban la correspondiente marca CE, lo que supone un incumplimiento en toda regla de la normativa europea.

Sorprendentemente, esta empresa, de capital extranjero, no fue sancionada aunque consta en el expediente administrativo que incumplía con la directiva Europea de Marcado CE y la ley de la Legionelosis.

El 21 de diciembre de 2018 la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria inicia el procedimiento para que todas estas instalaciones se adapten a la normativa de seguridad industrial. Hay un plazo de alegaciones y el 20 de junio se emite un primer informe sobre las correspondientes sanciones.

Ya estamos en 2019 y en junio de este año se inicia el expediente sancionador a Servicios Técnicos Portuarios (STP) por infracción en la instalación de los productos petrolíferos líquidos que no cumplen la normativa y se le insta a corregir todas las deficiencias por parte de una empresa homologada.

También se expedienta a la empresa Cover UP Solutions SL por un deposito que no cumple la normativa y a STP por no corregir las deficiencias y otro por no tomar la medida cautelar de cortar el suministro de energía eléctrica como se le había ordenado. La apertura de estos expedientes la firma Miguel Porras Romero, director general de Política Industrial. Lo firma por delegación del conseller responsable de Industria, que todavía es Negueruela.

El Grupo Fabkina detectó que las sanciones no se habían tramitado. La Conselleria presidida por Iago Negueruela paralizó los expedientes.

El Grupo Fabkina, viendo que estas empresas no habían sido sancionadas y que se jactaban de ello en los juzgados, presentó una querella contra el director general de Política Industrial, que ahora era Antonio Morro Gomila. En mayo de 2019 hubo elecciones y hubo un nuevo Govern en Baleares aunque también presidido por Armengol.

La querella se admite a trámite y el 9 de septiembre el juzgado solicita a la Conselleria con las competencias de Industria, ahora ya en manos del juez Juan Pedro Yllanes, de Podemos, todo el expediente sancionador.

El 10 septiembre, una día después de la decisión del juzgado antes mencionada, el Grupo Fabkina recibe una resolución firmada de forma manuscrita por el director general de Política Industrial, Antonio Morro Gomila, mano derecha de Yllanes, por la que se dejaba sin efecto la resolución del 1 de julio de 2019 que firmó Manuel Porras Romero sobre la apertura de los expedientes sancionadores. Lo dejaba sin efecto de manera irregular dado que no se pueden dejar sin efecto sanciones ya impuestas.

Cambio de fecha

Esta resolución se basaba en un informe jurídico firmado, también de  forma manuscrita, por Teresa Relea Ortega. Son en teoría resoluciones del 29 de julio que se comunican al Grupo Fabkina un mes y medio después, el 10 de septiembre.

La realidad es que el documento firmado el 29 de julio por el que se dejan sin efecto los expedientes sancionadores se creó y firmó realmente el 10 de septiembre y así lo atestigua el informe realizado por los peritos judiciales informáticos que está en poder de OKDIARIO.

En conclusión, que las personas de confianza del vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, lograron de forma fraudulenta no sólo el archivo del expediente sancionador sino también frenar la investigación judicial. Así, las empresas inicialmente expedientadas pueden seguir con su suculento negocio en el Moll Vell de Palma.

Quien no trabaja en el Moll Vell es la empresa denunciante, el Grupo Fabkina SL, a pesar de ser una sociedad puntera en el sector de la náutica, tanto en España como en Europa. No trabaja en Baleares, donde tiene su domicilio social, por negarse a participar en la trama de corrupción aquí relatada.

La Audiencia de Baleares no ha estado de acuerdo con el archivo de la causa y ha ordenado al Juzgado de Instrucción seguir investigando el caso.