Conseguir una cita previa en Palma es extremadamente complicado y en ocasiones, imposible

Conseguir una cita previa en Palma es extremadamente complicado y en ocasiones imposible. A todo esto se añaden las dificultades que suponen para muchos ciudadanos el hecho de verse obligados a realizar trámites de forma telemática. Son esto algunas de las conclusiones del informe presentado este martes por la Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen.

Estas conclusiones se refieren a los servicios municipales pero es evidente que pueden extenderse a todas las administraciones como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o las oficinas de empleo.

La Defensora de la Ciudadanía ha alertado de la «importante subida» de expedientes relacionados con la dificultad para obtener cita previa para servicios municipales. Así lo ha indicado en una intervención con motivo de la presentación de la Memoria Anual de 2022, año en el que la Oficina trabajó 546 expedientes en total, de los cuales 84 proceden de ejercicios anteriores.

Moilanen ha destacado que ya hizo recomendaciones en 2021 sobre los problemas de la cita previa pero «lejos de resolverse», en 2022 se ha intensificado. «Os garantizo que la cita previa todavía hoy es, en muchas ocasiones, cuestión de suerte, y no una herramienta de organización como debería ser», ha indicado en una intervención en el salón de plenos de Cort.

La Defensora ha avisado de que en la mayoría de casos, esta dificultad «significa la pérdida de derechos» para el interesado. Como ejemplo, menciona el servicio de multas, en el que, «por falta de recursos y problemas en las notificaciones, cuando la ciudadanía obtiene cita previa se podrían haber agotado los plazos de presentación de alegaciones o perdido la opción del pago con descuento».

Dado que la cita previa no se prevé como deber legal ni está recogida en ninguna ley, «es una herramienta y no debería limitar derechos», considera. Además, Moilanen ha llamado la atención sobre el hecho de que en muchos casos «la única vía de contacto es por canales digitales» y suponen una dificultad mayor para la población sin competencia en la materia.

En la misma línea, otro asunto sobre el que ha hecho hincapié la Defensora ha sido la digitalización de la administración, advirtiendo que la ciudadanía «no puede ser obligada a la vía digital». Según ha señalado, «no siempre es posible escoger» y además, la normativa «está más avanzada que la realidad de las administraciones»: por ejemplo, el Ayuntamiento «no puede hacer todavía notificaciones masivas por vía digital», ha razonado.

«Una administración sólo digital podría caer en actitudes excluyentes y tecnócratas», ha alertado la Defensora, abogando por una «humanización de la administración», informa Europa Press.

Igualmente, Moilanen ha remarcado la falta de recursos humanos y materiales, «necesidades desatendidas que en conjunto dificultan el trabajo del funcionariado», afectando a sus condiciones laborales al tiempo que saturan los servicios y dilatan las tramitaciones generando «silencios administrativos injustificables» e indefensión.

En 2022 el equipo de la Oficina de la Defensora ha recuperado completamente las cifras pre pandémicas. Se han trabajado 543 expedientes, de los que se ha resuelto el 83,4 por ciento. Seis de cada diez se resuelven a favor de la ciudadanía. La media de tiempo de resolución para los expedientes iniciados en 2022 ha sido de 46 días.

Barriadas vulnerables

«Desde la Oficina de la Defensora nos resistimos a considerar como resueltos nuestros expedientes cuando las áreas todavía no han resuelto el problema. Tenemos ejemplos muy claros, como la situación de barriadas vulnerables como el Camp Redó, ruidos o aspectos relacionados con la accesibilidad; por ejemplo, el caso del ascensor de la plaza Mayor, que se arrastra desde 2008», ha aclarado la Defensora.

Otras reclamaciones han sido: la falta de regulación concreta respecto a caravanas y autocaravanas, la falta de inversión en el Mercat del Camp Redó, «a pesar de los dos millones del fondo de capitalidad aprobados para este fin»; «la falta de criterios en cuanto a las notificaciones presuntamente fraudulentas», las demoras «excesivas» en los otorgamientos de vados, la dificultad para el acceso de la ciudadanía a los archivos de Can Bordils, las limitaciones para acceder a un servicio de taxis adaptado y las molestias de vehículos en el aparcamiento de la Policía Local.

Igualmente, la Oficina se ha sumado a causas como la reivindicación de las pensiones más adecuadas al coste real de la vida, los derechos de la infancia y la adolescencia, la lucha contra el cáncer de mama, la erradicación de la violencia contra las mujeres y otras reivindicaciones sociales.