El chantaje permanente de los nacionalistas

La prosperidad de una nación se sustenta, entre otras muchas cuestiones, en la resolución firme de aquellos problemas que por lógica y por justicia deberían haber quedado zanjados hace tiempo. En España, sin embargo, persiste una cuestión capital que no sólo sigue sin resolverse, sino que amenaza con perpetuarse: el nacionalismo, especialmente el catalán y el vasco.

No se trata únicamente de su empeño constante en fracturar España, sino del modo en que la ley electoral ha condicionado, desde el inicio de la democracia, la gobernabilidad del país. Y lo ha hecho siempre de forma negativa e ignominiosa. Ha sido un gran error depender de manera casi permanente de los nacionalistas, cuyo único objetivo ha sido -y sigue siendo- fagocitar el Estado en su propio beneficio, avanzando paso a paso en su hoja de ruta para quebrar la unidad nacional.

Ante este panorama, muchos se preguntan por qué nunca se ha reformado la ley electoral para romper, de una vez por todas, esa perniciosa dependencia. Tanto el PSOE como el PP, los dos grandes partidos de gobierno, han pactado reiteradamente con ellos, unas veces por necesidad y otras por candidez, creyendo ingenuamente que los nacionalistas podían entender la palabra lealtad en un sentido distinto al de sus propios intereses.

Los padres de la Constitución, seguramente obligados por las circunstancias del momento histórico, construyeron el Estado de las Autonomías pensando en que los nacionalismos se mantendrían leales a la idea de España, a esa casa común de todos los españoles. Craso error. Desde el inicio de la democracia, los hechos han demostrado lo contrario: la deslealtad ha sido su única constante.

La situación ha llegado a un extremo insostenible. Hoy, el Gobierno de España depende de un prófugo de la justicia, autor de un delito de rebelión -descafeinado después al de sedición- y cuya amnistía supone una ruptura del Estado de Derecho. Una medida inconstitucional que representa la mayor corrupción política de nuestra democracia porque implica decirle a los jueces que se equivocaron y, al mismo tiempo, insultar al jefe del Estado, el Rey Felipe VI, que defendió la Constitución y la unidad nacional. Es también una afrenta a todos los españoles, a quienes se les niega el principio esencial de la igualdad ante la ley.

Mientras tanto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, escupe odio a España en cada intervención, mirando exclusivamente su ombligo catalanista. De esa banda de facinerosos nacionalistas no cabe esperar otra cosa: su avidez es infinita, porque jamás se sacian. Por mucho que se les conceda, siempre llamarán a la puerta exigiendo más.

Así, en esta dinámica no es posible continuar; no es factible crear una esperanza de futuro. España necesita recuperar la fortaleza institucional y la independencia política que garanticen su unidad y su dignidad. No habrá prosperidad mientras el poder del Estado dependa del chantaje de quienes quieren destruirlo. Es hora de restablecer la autoridad moral y legal de la nación, de devolver a los españoles la confianza en que la ley y la igualdad son inquebrantables.