Cae el primer fugitivo durante el desalojo de la antigua cárcel de Palma: el delincuente estaba reclamado por un juzgado
El hombre fue arrestado en el lugar y trasladado posteriormente a dependencias policiales
La Policía inicia el desalojo forzoso de los 70 okupas que seguían en la antigua cárcel de Palma
El dispositivo conjunto de Policía Local y Policía Nacional, considerado modélico por su coordinación y planificación, permite detener a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Palma.
El desalojo de la antigua cárcel de Palma sigue deparando sorpresas. En el marco del amplio operativo desplegado este miércoles para recuperar definitivamente el recinto ocupado, los agentes han detenido a uno de los internos después de descubrir que estaba siendo buscado por la Justicia.
La intervención, que está siendo considerada por las autoridades como un dispositivo ejemplar y modélico por el alto nivel de coordinación entre administraciones, cuerpos policiales y servicios sociales, ha permitido no solo ejecutar el mandato judicial para desalojar a los ocupantes, sino también detectar situaciones de interés policial entre las personas identificadas.
Según ha podido saber OKBALEARES, durante las labores de identificación de los ocupantes que todavía permanecían en la vieja prisión, los agentes comprobaron la filiación de uno de los residentes en las bases de datos policiales. Fue entonces cuando saltó una alerta que reveló que sobre esta persona pesaba una orden de búsqueda y detención emitida por un juzgado de la capital balear.
Ante esta situación, los efectivos actuaron de forma inmediata. El hombre fue informado de su situación judicial, detenido en el lugar y trasladado posteriormente a dependencias policiales, donde quedó ingresado en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. La detención se ha producido en el contexto del desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma, una operación que comenzó este mediodía y que afecta a los aproximadamente 70 okupas que todavía permanecían en el interior del recinto.
El dispositivo responde al auto dictado por el juzgado el pasado 29 de mayo, que ordenó la recuperación urgente del inmueble tras quedar acreditada la existencia de un riesgo real, grave y actual para la vida y la integridad física de las personas que ocupaban las instalaciones.
Fuentes presentes en la intervención destacan que el operativo está desarrollándose de manera especialmente ordenada gracias a una planificación previa que ha involucrado a la Policía Local, la Policía Nacional, los servicios sociales municipales, personal sanitario del 061 y responsables de diferentes áreas del Ayuntamiento.
La actuación había sido preparada durante semanas y coordinada en una Junta Local de Seguridad extraordinaria, donde se establecieron todos los protocolos necesarios para garantizar tanto la seguridad de los agentes como la atención a las personas desalojadas.
De hecho, una de las claves del éxito del dispositivo está siendo precisamente la combinación de medidas policiales y sociales. Mientras los agentes ejecutan el desalojo y realizan las identificaciones pertinentes, los servicios municipales ofrecen atención individualizada y alternativas habitacionales a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La actuación pone fin a una situación que se había prolongado durante meses y que había generado una creciente preocupación entre vecinos, comerciantes y familias de la zona. Aunque en los últimos días permanecían unas 70 personas en el recinto, los registros realizados por las administraciones llegaron a contabilizar hasta 206 residentes repartidos por los diferentes módulos de la antigua prisión.
En paralelo al proceso judicial, las instituciones habían trabajado para reducir progresivamente la ocupación del inmueble. Gracias a la colaboración con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), un total de 45 personas ya habían sido derivadas a centros de acogida temporal y programas de inserción social antes del inicio del desalojo.
La decisión judicial de desalojar la antigua cárcel se sustentó en numerosos informes técnicos y policiales que alertaban de la situación existente en el interior del complejo. Los documentos elaborados por la Policía Local de Palma, los servicios de Bomberos y las autoridades sanitarias describían un escenario especialmente preocupante marcado por las deficientes condiciones de habitabilidad, las dificultades de evacuación y un elevado riesgo de incendio.
A ello se sumaban los numerosos incidentes registrados durante los últimos meses. La antigua prisión se había convertido en uno de los principales focos de conflictividad de la ciudad, con constantes denuncias vecinales relacionadas con peleas entre okupas, robos, consumo de drogas, altercados y pequeños incendios. La situación también había generado preocupación por la proximidad del recinto a un centro educativo y por el deterioro progresivo del entorno urbano.
En la parte trasera del complejo podían observarse vehículos abandonados y desguazados, mientras que en el interior algunos ocupantes habían realizado reformas improvisadas para adaptar las antiguas celdas a su vida cotidiana. Suelos embaldosados, puertas metálicas, focos alimentados por placas solares y divisiones internas convivían con la ausencia de condiciones mínimas de salubridad y seguridad.
La detención practicada este miércoles podría no ser la única consecuencia policial derivada del operativo. Fuentes próximas al dispositivo señalan que las identificaciones continúan y que los agentes están verificando la situación de todas las personas que permanecían en el recinto. Estas comprobaciones permiten detectar posibles requisitorias judiciales, antecedentes pendientes o cualquier otra circunstancia de interés policial.
Mientras tanto, el operativo continúa avanzando con normalidad y sin incidentes de gravedad, dejando ya un primer resultado policial destacado: la detención de un hombre que llevaba tiempo siendo buscado por la Justicia y que fue localizado gracias al exhaustivo trabajo de identificación realizado durante un desalojo que está siendo calificado como modélico por su organización, coordinación y eficacia.
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