Al banquillo por vender una casa en Sineu ocultando que tenía un expediente sancionador

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra el martes (09.45 horas) la vista previa al juicio contra tres acusados que ocultaron, a la hora de vender una casa en Sineu, que sobre el domicilio pesaba un expediente sancionador. Fiscalía pide para ellos un total de 15 años de cárcel y el pago de más de 360.000 euros resultantes de la estafa.

Según el escrito del fiscal, en mayo de 2014, dos de los procesados, propietarios de una vivienda en Sineu, solicitaron una licencia para hacer obras en el edificio, consistentes en el cambio de cubierta plana a inclinada, pero acabaron ejecutando actuaciones que no figuraban en las licencias concedidas.

Al ser comprobadas estas obras por la celadora municipal, se emitió un informe que dio lugar al inicio de un expediente de disciplina urbanística.

Con todo, los acusados, ocultando esta información, pusieron a la venta el inmueble en una inmobiliaria, regentada por el tercer acusado, que conocía el estado del domicilio y la realización de obras sin licencia. Además, este tercero medió la compraventa con otras personas, a quienes ofreció terminar las obras y quienes desconocían que no tenían la licencia.

Ya en agosto de 2017, los propietarios imputados otorgaron un contrato de compra en el que hicieron constar que la vivienda de Sineu estaba libre de sanciones o infracciones, pagando los compradores 20.000 euros para formalizar el contrato de compraventa por 210.000 euros.

Las víctimas firmaron posteriormente este contrato, que con el importe del precio y los gastos ascendió a 240.000 euros, sumados a otros 18.504 de inscripción en el registro.

Los compradores, en octubre de 2017, acordaron con el acusado que regentaba la inmobiliaria la realización de las obras de acondicionamiento de la vivienda, que no llegaron a terminarse y que tuvo que acabar otra empresa por un importe total de 103.509 euros.

En su escrito, Fiscalía destaca que en el expediente de infracción urbanística se acordó la demolición de las obras realizadas denunciadas.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa y pide para cada uno de los procesados cinco años de cárcel, así como el pago de una multa de 5.400 euros. Además, solicita que indemnicen a las víctimas en las cantidades de 240.000 euros, 18.054 euros y 103.509 euros.