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POLÍTICA

Baleares clama contra la amnistía de Sánchez en el Senado: «Es el precio de una investidura»

Antònia Maria Estarellas ha asegurado que la amnistía "no pretende satisfacer el interés general, sino aspiraciones personales"

La representante balear ha asegurado que la medida "es un regalo a los territorios que desafían el orden constitucional"

Baleares ha rechazado este lunes en el Senado la Ley de Amnistía que va a impulsar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que «crea un precedente preocupante y peligroso, porque amenaza con romper la convivencia de las comunidades» y al ser el «precio de una investidura».

Así lo ha asegurado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, que ha indicado que «desde Baleares no permitiremos que se nos trate con paternalismos y con descendencia desde otras comunidades autónomas. No permitiremos que nuestros ciudadanos acaben pagando porque el Gobierno ha decidido vender la unidad de España por siete votos».

Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, la consellera popular del Govern balear que lidera Marga Prohens ha afirmado que la amnistía de Sánchez «no pretende satisfacer el interés general, sino más bien aspiraciones personales y deseos de poder más fuertes que el respeto por la Constitución y los principios y valores en los que se encarna».

En este sentido, Estarellas ha considerado que «la amnistía de Sánchez es un regalo a los territorios que desafían el orden constitucional, persiguiendo unas aspiraciones que están fuera de la Constitución y ahora se ven premiados con una condonación de deuda y con una negociación autonómica que discrimina al resto de comunidades autónomas que sí se han comportado siempre de acuerdo a la ley».

Además, la consellera ha considerado de «vital importancia» la presencia de las comunidades autónomas de España en el Senado, un lugar «donde poder alzar la voz contra una iniciativa legislativa que socava los principios en los que se asienta un Estado democrático».

De esta manera, ha manifestado que «el Senado es la Cámara garantista de la legalidad y que defiende los intereses de las comunidades autónomas frente a una Cámara baja que los ignora cuando tramita y aprueba una ley contraria a los intereses de la comunidad». En esta línea, la representante balear ha defendido, durante su intervención, «el consenso y la unión de todos los grupos políticos» como «la semilla de lo que hoy es la España constitucional».

Con todo, Estarellas ha expresado que «hasta ahora, ese respeto y consenso ha sido unánime. Nadie ha osado poner en duda que España es y debe ser un Estado social, democrático y de derecho, basado en los principios de unidad, igualdad, justicia, autonomía y solidaridad».

En este sentido, la representante balear ha puesto en valor el principio de solidaridad y ha avisado que «si quiebra, la mera unidad formal no es suficiente para garantizar la supervivencia del Estado y de la propia Constitución».

Por otro lado, la consellera del Govern balear ha aprovechado para reivindicar algunas de las necesidades de Baleares que «deben ser tratadas por igual».

En ese momento, ha exigido al Estado, una insularidad digna para «compensar las desventajas» que sufre la región balear, recordando que «vivir rodeados de mar implica un mayor coste para la prestación de servicios y desventajas para las empresas a la hora de competir».

En relación a esto, ha explicado que «reclamaremos que todas las políticas tengan en cuenta siempre esta insularidad», asociada, según a dicho, a «grandes retos» como son mejores infraestructuras, nuevos convenios para carreteras y transporte ferroviario, la dotación de nuevas políticas de agua «como bien escaso» o la «ya grave» falta de vivienda.

También Estarellas ha evidenciado el aumento poblacional que sufre Baleares o la falta de profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de funcionarios de justicia o de profesionales de salud.

En esta línea, ha aprovechado para reclamar la actualización de la indemnización de los funcionarios, «que lleva 17 años sin actualizarse y que resulta insuficiente para afrontar el coste de la vida».