El Ayuntamiento de Palma no mueve ficha y deja El Bungalow en el limbo

El Ayuntamiento de Palma no mueve ficha y deja a El Bungalow en el limbo. Cuatro meses después del acuerdo del pleno municipal, en el que todas las fuerzas políticas votaron a favor de iniciar un expediente para la protección y catalogación del edificio de El Bungalow, el gobierno municipal de coalición de izquierdas (PSOE-Més-Podemos) no ha realizado informe alguno que lo justifique, por lo que Demarcación de Costas podría obligar a ejecutar este mes de marzo la demolición de este histórico restaurante de playa ubicado en el barrio de Ciudad Jardín.

Queda patente que el alcalde socialista de la capital balear, José Hila, ha incumplido el acuerdo unánime de todos los grupos con representación en Cort alcanzado el pasado mes de noviembre, cuyo fin era proteger el emblemático inmueble del litoral palmesano. Y es que a fecha de hoy, el gobierno municipal no ha llevado a cabo trámite alguno para hacer efectiva su catalogación patrimonial, es decir, no ha movido ficha para tratar de paralizar la orden de derribo de El Bungalow, cuya ejecución está prevista para ya mismo (marzo de 2023), dictada por Demarcación de Costas y avalada por el Govern que preside la socialista Francina Armengol.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Ayuntamiento de Palma todavía esta recabando datos para elaborar un futuro informe que justifique la protección del edificio en cuestión, cuyo valor patrimonial se remonta hasta el siglo XIX y que no tiene ningún efecto negativo sobre la costa. Se trata de un informe preceptivo, pero no vinculante, puesto que la protección final de El Bungalow la tiene que aprobar la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca.

El restaurante El Bungalow tiene 40 años de historia y cuatro generaciones de mujeres han llevado este negocio familiar situado en el barrio de Ciudad Jardín. Tal y como explicaron el pasado 6 de noviembre las actuales copropietarias en la manifestación convocada por la plataforma Salvem el Bungalow -que reunió a 1.500 personas frente a este emblemático establecimiento del litoral palmesano-, la veintena de familias afectadas por el posible futuro derribo de este espacio continúan trabajando hasta que no haya novedades al respecto. «La actividad económica nadie nos la ha denegado», aseguró a este digital Laura Aguiló, una de las propietarias.

La guerra por la conservación de este popular chiringuito playero se enmarca dentro de la política de acoso y derribo que ha emprendido el Govern de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos contra estos negocios del litoral balear, remitiendo toda una batería de informes negativos de impacto ambiental a Demarcación de Costas, que se  saldó el pasado verano con la no renovación de la concesión y clausura de una docena de ellos en Mallorca e Ibiza.