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La Autoridad Portuaria de Baleares pone en jaque la continuidad del Real Club Náutico de Palma

Ignora un informe jurídico de Puertos del Estado favorable al club y no quiere ampliar la actual concesión

La Autoridad Portuaria inicia el trámite para reconocer al RCNP como una concesión

El Real Club Náutico de Palma celebró los mejores resultados de su historia

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) pone en jaque la continuidad del Real Club Náutico de Palma (RCNP). La entidad denuncia que el director de la APB, Jorge Nasarre, ha ignorado un informe jurídico de Puertos del Estado favorable al club, y ha decidido iniciar los trámites para desestimar la ampliación del plazo de concesión de las instalaciones que el Real Club Náutico de Palma gestiona desde 1948.

Nasarre habría comunicado por escrito su voluntad de informar en contra de la permanencia del club, pese a admitir que los servicios jurídicos de Puertos del Estado consideran «procedente la continuación de los expedientes de ampliación de plazo y prórroga del título concesional que solicita el Real Club Náutico de Palma», informa la entidad en un comunicado.

No obstante, la decisión final la tiene que tomar el consejo de administración de la APB.

Pese a que sólo faltan dos semanas para que expire la concesión, la continuidad del RCNP en su actual emplazamiento está garantizada durante los próximos tres años gracias a una Autorización de Ocupación Temporal (AOT), que deberá ser ratificada en una asamblea extraordinaria por los socios del club el 29 de diciembre.

El informe jurídico favorable de Puertos es del 11 de noviembre, y es el último que se ha incorporado al expediente. En él se reconoce expresamente «el derecho del RCNP a obtener una concesión retroactiva desde 2003 hasta el 31 de diciembre de 2022 y, en virtud de este título, a que se tramite el expediente de ampliación de su concesión sin la necesidad de convocar un concurso público».

En este sentido, el Real Club Náutico de Palma quiere dejar claro que no pide ningún privilegio, sino «el ejercicio de un derecho reconocido en la vigente Ley de Puertos del Estado que ha permitido la renovación de centenares de concesiones en todo el país y en la propia Autoridad Portuaria de Baleares».

La entidad ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la desestimación presunta, por parte de la APB, de la solicitud para una ampliación de su plazo de concesión por un periodo de 20 años.

Dicho recurso va acompañado de una petición de medidas cautelares para que el organismo portuario se abstenga de convocar un concurso público, así como que la Autorización de Ocupación Temporal siga vigente, en tanto no exista una sentencia judicial firme sobre el caso.

El Real Club Náutico de Palma está absolutamente convencido de que tanto la Ley como los actos de la administración reconocen su derecho a la ampliación y prórroga de su concesión, y lamenta profundamente la obstinación de determinados cargos de la Autoridad Portuaria de Baleares en impedir que lo ejerza.

Por ello considera que la APB debe corregir dicha anomalía algo a lo que no parece dispuesto su actual director, quien en su escrito dirigido al club afirma defender los «intereses legítimos de terceros» ante la posibilidad de convocatoria de un concurso público; dichos intereses no se habrían tenido en cuenta, según se desprende de este peculiar criterio, en las ampliaciones que sí han contado con el beneplácito de Nasarre.

El caso más reciente de ampliación de espacio y plazo sin previo concurso es el del macro varadero gestionado por la empresa Serveis Tècnics Portuaris (STP) en el Moll Vell de Palma, cuya primera concesión data de 2006. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria autorizó ampliar su superficie en 56.200 metros cuadrados y su plazo en dos años y medio con el visto bueno de Jorge Nasarre.