La asociación de profesores Plis dice que para el Govern de Armengol «castellano es una palabra maldita»

La asociación de profesores Plis cree que el Govern balear «nunca tuvo intención» de incluir el castellano como lengua vehicular en la ley educativa que votará este martes el Parlament, tras anunciarse un acuerdo por el que los partidos del pacto de izquierdas retirarán este punto del texto.

Los partidos revocan así un cambio introducido durante la tramitación parlamentaria a través de la negociación con la oposición, después de que trascendiera que desde el grupo parlamentario de Més se planteaban el voto en contra.

En este sentido, Plis ha lamentado que el independentismo «ha mostrado las uñas» y «de inmediato» el conseller de Educación, «Martí March, un político sin carácter, ha dado un paso atrás».

La asociación de profesores ha criticado que para el Govern «el término castellano, o español, se ha convertido en palabra maldita, tabú». «No solo dar algunas clases en castellano, sino el mero hecho de nombrarlo, es atacar el catalán», han lamentado, informa Europa Press.

En este sentido, desde Plis han acusado a March de haber intentado «engañar» a la oposición al pedir su abstención a cambio «de un redactado genérico en el que el castellano apareciera como lengua de enseñanza».

«Finalmente, todo se ha desvelado. Ha bastado con una amenaza de fanáticos de volver a convocar las camisetas verdes para que Martí March, temeroso y atemorizado, haya quedado al desnudo y se le haya caído su careta de negociador», ha afirmado PLIS en un comunicado.

Con todo, la entidad ha advertido de que el castellano «sigue siendo obligatoriamente vehicular», entendiendo que la ley autonómica queda por debajo de la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, «que imponen la obligación de impartir en español al menos el 25% del horario lectivo».

«Los directores deben saber que su obligación sigue siendo, por mucho que la ley balear esconda el término castellano, incorporar a los proyectos lingüísticos de sus centros el español como lengua de aprendizaje. Si no lo hacen, incumplirán el ordenamiento jurídico», han concluido.