Armengol consuma la expropiación de 16 viviendas y las paga por debajo del precio de mercado

El Govern de Francina Armengol ha consumado su primera expropiación de viviendas a grandes propietarios. Un experimento chavista que desató la polémica la primera vez que se anunció. El objetivo, según el ejecutivo, es destinar estos pisos a fines sociales y sacarlos del mercado especulativo. Aunque la presidenta pagará por ellos un precio muy por debajo del de mercado. Finalmente, de las 56 viviendas que se anunciaron en marzo de este año, el proyecto de expropiación ha quedado limitado a 16.

El Govern ha anunciado este jueves el cierre del procedimiento. Lejos de recular tras controversia generada, el ejecutivo ha sacado pecho de su «proyecto pionero en España». «Los grandes propietarios no pueden negar la función social de la vivienda», ha afirmado el director general de Vivienda de Armengol, Eduardo Robsy, para justificar la expropiación. Incluso ha defendido que dichos propietarios «han entendido que no pueden dejar viviendas vacías». La realidad, se trata de una expropiación forzosa del uso de los inmuebles durante siete años.

Las grandes inmobiliarias y bancos que se han visto afectados por este afán confiscatorio del Govern han presentado batalla judicial. Si bien hasta el momento no han logrado paralizar las expropiaciones, Robsy ha admitido que las demandas interpuestas están sin resolver por completo. Alega que los juzgados han negado hasta el momento todas las solicitudes de medidas cautelares. Aunque más que pronunciamientos, son peticiones para paralizar la iniciativa mientras esta se juzga.

Además del uso social que según Armengol le darán a las viviendas, también está el de «prevenir la especulación». Y es que para el Govern, que un piso de un gran tenedor esté vacío parece que es sinónimo de que especulará con él. Ahora bien, el ejecutivo socialcomunista de Baleares pagará 276 euros públicos al mes, un precio muy inferior al de mercado. En total, destinará 540.000 euros, de los que 170.000 se utilizarán en reformar y adecuar las viviendas. El director general ha apuntado que inicialmente el presupuesto era de dos millones de euros, porque el objetivo era requisar 56 viviendas. «Dada la disponibilidad económica, tenemos sobre la mesa la posibilidad de iniciar un nuevo expediente de expropiación».

Origen de la polémica

La raíz de todo se encuentra en el anunció de expropiación que hizo en marzo de este año Armengol, que se sirvió de una herramienta fijada en la Ley de Vivienda autonómica de 2018. Así, puso en marcha su proyecto con el que al final han conseguido 16 pisos. No obstante, 21 han quedado fuera porque cuando el Govern inicio el expediente falló en lo esencial, no comprobó si había propiedades ya alquiladas o vendidas. Incluso hubo particulares que temieron perder la casa que se acababan de comprar y que no entendían el motivo por el que su casa iba a ser expropiada.

Con respecto  los 13 pisos restantes, Robsy ha indicado que no cumplían la condición de haber estado cerrados y fuera del mercado durante dos años seguidos, en algunos casos por haber sido ocupados. Para el Govern, la ocupación es un uso social de las viviendas y no un delito que atenta contra la propiedad privada del dueño. Para más inri, tras el anuncio de la medida se supo que en el listado había casas recién construidas. Algunas estaban a punto de salir al mercado y otras a la espera de la cédula de habitabilidad. Ello obligó al ejecutivo a dar marcha atrás entre críticas del sector y la oposición.

Armengol quiere que los pisos estén listos para ser alquilados a mediados de 2022 a personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad. No obstante, de los cientos de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de construcción pública que anunció que construiría no ha dicho nada.