La acampada propalestina en el campus ha costado 8.000 euros a la semana a la Universidad balear

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 30/05/2024 13:59
  • Actualizado: 30/05/2024 16:38

La acampada propalestina en el campus ha costado cada semana 8.000 euros a la Universidad de las Islas Baleares (UIB), que ha dado luz, agua, servicios y vigilancia privada diaria 24 horas y gratuita a la treintena de estudiantes allí acampados desde el pasado 17 de mayo contra la guerra y la invasión de Gaza por parte de Israel.

En la mañana de este jueves, después de que la Policía Nacional desalojara ayer por la tarde a los estudiantes que habían entrado y okupado el Rectorado de la UIB para denunciar la «complicidad» del centro con el «genocidio» en Palestina, los acampados anunciaban que desmontaban y desalojaban la acampada, medida que ya han hecho efectiva.

El malestar en las últimas 48 horas ha ido en aumento en el Rectorado puesto que la política de mano tendida y respeto a las reivindicaciones de esta treintena de alumnos antisemitas no ha servido para nada. De hecho, en la tarde de ayer el órgano de dirección del centro universitario expresaba su «preocupación» por la «deriva contraria a la convivencia universitaria que había tomado la protesta», ya que, a su juicio, se «incumplen» los compromisos asumidos por los propios acampados.

Unos acuerdos que se basaban en no trasladar las reivindicaciones al interior de los edificios y mantenerlas en el espacio de la acampada, además de no dañar las instalaciones y el patrimonio de la UIB, y permitir el normal funcionamiento de la actividad académica.

Hoy han sido los los decanos y directores de la UIB los que han firmado una carta en la que trasladan su apoyo al rector, Jaume Carot, frente a los «comportamientos contrarios a la convivencia» de los acampados y en la que piden que se estudie la posibilidad de imponer sanciones a los estudiantes.

Los firmantes extienden su apoyo a todo el equipo directivo en relación a todas las acciones llevadas a cabo hasta ahora, incluyendo el desalojo de este miércoles de un colectivo «que desde hace cerca de un mes se manifiesta a través de las redes sociales acusando la UIB de cómplice de genocidio e insultando el rector» que ha desembocado en la okupación del Rectorado en el edificio de Son Lledó.

Los decanos han lamentado que a pesar de que la institución ha «tendido puentes» y se ha mostrado abierta al diálogo, los acampados «no han dejado de gritar ni de insultar, como si levantar la voz y repetir eslóganes los dotara de razón o añadiera valor a sus reivindicaciones». Por este motivo, han pedido que, si procede, se acuerde la iniciación de los procedimientos sancionadores.

Los firmantes han recordado que el rector tiene la potestad de sancionar los comportamientos de las últimas horas como muy graves, graves y leves, entre los que se incluyen acciones como asediar o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria; destruir o deteriorar de manera irreparable el patrimonio de la universidad; impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia de conocimiento, e incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por los centros universitarios y sus instalaciones y servicios.

«Es evidente que la UIB no puede ser condescendiente con los colectivos que se manifiestan exigiendo, insultando y dando ultimátums si no se atienden sus reivindicaciones y que demuestran un desconocimiento o una carencia de respeto por las leyes democráticas necesarias para garantizar la convivencia», añaden.

Respecto a las reclamaciones de que la UIB se refiera a la guerra en Gaza como un genocidio, los decanos y directores de facultad han recordado que no corresponde a la UIB calificar lo que ocurre en la franja como genocidio.

«Aunque cada cual, a título individual, pueda pensar y manifestar lo que quiera, ni una institución pública ni tampoco el rector que la representa, pueden hacerlo. Los acampados tienen que saber que las universidades también están sujetas a la ley, y que los campus universitarios no son espacios de impunidad donde se pueda decir o hacer cualquier cosa. Al contrario, tienen que promover el entendimiento, la convivencia y el respeto por los valores democráticos y las libertades públicas», argumentan.

El vicerrector de Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar, ha lamentado la falta de una comunicación «más efectiva» con los acampados y ha trasladado su agradecimiento por el levantamiento del asentamiento, ya que, según ha afirmado, «estaba generando situaciones delicadas en la convivencia del campus».