Abren juicio oral a los ocho implicados en la trama de las falsas intoxicaciones en hoteles de Mallorca
La Fiscalía retira la acusación porque considera que los hechos no son constitutivos de delito
Asimismo, asegura que tampoco se ha acreditado que los investigados sean los autores de dichos hechos
Se mantienen las acusaciones particulares que formulan la FEHM, MAC Hotels y AMLA Explotaciones Turísticas contra ocho personas
El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado auto de apertura de juicio oral por la presunta trama de estafas con falsas intoxicaciones alimentarias en hoteles de Mallorca, en la que la Fiscalía no formulará acusación.
Según han informado a Europa Press fuentes próximas al proceso, la Fiscalía ha presentado un escrito en el que considera que los hechos no son constitutivos de delito y que tampoco se ha acreditado que los investigados sean los autores de dichos hechos.
Se mantienen las acusaciones particulares que formulan la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), MAC Hotels y AMLA Explotaciones Turísticas contra ocho personas.
Dichas acusaciones sitúan a una empresaria británica de Magaluf al frente de una banda organizada que entre 2016 y 2017 supuestamente se dedicó a recabar datos de turistas británicos alojados en régimen de todo incluido en hoteles de Mallorca.
Según las acusaciones, presuntamente convencían a los viajeros para que rellenando un formulario hicieran constar que habían estado enfermos durante su estancia en el hotel, para así poder reclamar una indemnización económica en Reino Unido.
La legislación británica de aquel momento permitía presentar estas reclamaciones a través del turoperador hasta tres años después y como prueba bastaba demostrar que durante las vacaciones se había comprado cualquier medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica. A continuación los turoperadores abonaban la indemnización al consumidor y después la descontaban al hotel.
La empresaria británica, junto a su familiar, habría creado una empresa dedicada a remitir los datos de los turistas a despachos de abogados de Inglaterra. A los otros imputados los sitúan como captadores de los turistas: supuestamente daban instrucciones a los viajeros sobre los pasos que tenían que seguir al volver a Reino Unido y cobraban un porcentaje de la reclamación obtenida.
En el auto de procesamiento, la juez estimó que durante el periodo investigado el perjuicio para los turoperadores y hoteles «superó notablemente la cantidad de 200.000 euros». En los inicios de la investigación la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cifró la cuantía de la estafa en 50 millones de euros.
Una de las cadenas denunciantes acumula casi 800 reclamaciones pero sólo consta que solicitasen asistencia médica 38 huéspedes. Además todos los hoteles habían pasado las inspecciones de salud satisfactoriamente, «incluso la de los propios turoperadores quienes, pese a las reclamaciones efectuadas, continuaban contratando con los mismos hoteles en los años sucesivos».
En páginas web se ofertaba públicamente la posibilidad de obtener hasta 40.000 libras de indemnización, con un 98% de probabilidades de éxito y sin coste para el cliente.
La investigación culminó con una operación de la Guardia Civil en 2017 -se bautizó como Operación Claims- en diferentes municipios de Mallorca.
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