El Gobierno de Azcón rompe con la ONG de Ateca, expedienta al jefe de infancia y auditará los contratos

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Zaragoza
• Periodista y filóloga. Corresponsal en Aragón.
• • 08/08/2024 15:35
  • Actualizado: 08/08/2024 15:53

El Gobierno de Aragón ha anunciado este jueves tres importantes medidas de contención que ha puesto en marcha ante el escándalo de gran calado que afecta no sólo a la Fundación Comunidad y Salud, sino al propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al no haber detectado la praxis terrorífica y siniestra que la ONG habría llevado a cabo presuntamente durante años en el centro de acogida de menores de Ateca en Zaragoza.

Tras una semana prácticamente de silencio, este jueves, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha dado una rueda de prensa en el edificio Pignatelli de Zaragoza, para explicar las acciones que se están llevando a cabo, tras asumir «deficiencias» en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dirigido por Ángel Val Pradilla, lo que le ha llevado a tomar la decisión de abrir un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia.

La ONG se queda fuera de Aragón

Lógicamente, el Gobierno de Aragón ha recordado que ha rescindido «todos los contratos» que tenía con la ONG Fundación Comunidad y Salud. Un hecho que ha asegurado se produjo el día dos de agosto, en el momento en que la jueza de instructora del juzgado n.º 2 de Calatayud, Aída Ramírez, decretase el cierre provisional del centro, así como prisión provisional, comunicada y sin fianza, para cinco trabajadores de dicha entidad, como posibles autores de varios delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

Así mismo, el Gobierno de Aragón ha iniciado un expediente administrativo por incumplimiento de contrato en el centro de menores de Ateca y por daños y prejuicios «con el objeto de que esta empresa salga del acuerdo marco con el Gobierno de Aragón y además ni a presente ni a futuro pueda seguir trabajando» .

«La prioridad del Gobierno de Aragón ha sido velar por la seguridad de esos menores y esa fue nuestra principal preocupación, sabiendo que teníamos que reubicarlos», ha señalado. Cuando comenzó la investigación, la consejera ha explicado que un equipo del IASS se personó en el centro para valorar la situación.

¿Cuántos contratos tenía con esta ONG el Gobierno de Aragón? «Tantos como plazas tenía concertadas con estos menores», ha expresado la consejera, sin dar detalle de cuántos menores realmente de los que estaban acogidos en el centro tenía el Gobierno de Aragón la tutela. Puesto que muchos de ellos, habían sido trasladados desde País Vasco y también, al menos un menor desde Islas Baleares, a quienes desde el primer momento las comunidades habría vuelto a trasladar a estas regiones.

Además, hay que señalar que de los nueve menores fugados, «cinco han retornado por su propia voluntad», ha indicado la consejera, sin tampoco dar más detalles de dónde y en qué estado se encuentran, más allá que la tutela de estos menores es del Gobierno de Aragón.

Auditoria a todos los centros privados

Así mismo la consejera ha asegurado que se «van a revisar todos los contratos y la titulación de todos los trabajadores que están en los centros de menores». «No lo olviden, hay centros que trabajan muy bien y que ahora mismo se están viendo cuestionados por esta situación. Hay que defender también su buen nombre, así como de los profesionales», ha añadido.

Si bien, en el caso de Ateca, dos de los detenidos eran extranjeros que habrían sido contratados como auxiliares sin titulación ni cualificación, por el mero hecho de hablar un idioma, como el árabe, y poderse comunicar con los menas acogidos magrebíes.

Un hecho que reviste de máxima gravedad, teniendo en cuenta que estas dos personas junto con los otros dos educadores del centro, serían los autores de las torturas y vejaciones a los menores, pues tal y como ha denunciado el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, «pone de manifiesto una realidad de la que llevamos advirtiendo mucho tiempo: hay quienes se están lucrando y llenando los bolsillos a costa de promover la inmigración ilegal, la delincuencia y el tráfico de personas en España».

«Es alarmante ver cómo el Gobierno de Aragón que gestiona al centro 1,2 millones de euros al año, es decir, más de 3.400 euros diarios, que a su vez recibía financiación de otras instituciones de fuera de nuestra comunidad» y trasladó a «los más conflictivos» a Ateca, ha añadido el que fuera vicepresidente del Gobierno de Aragón, y abandonase su cargo, precisamente por el acogimiento de más menas a la comunidad.

Por su parte, la consejera ha aseverado que «el pliego de condiciones establece el ratio de profesionales y la cualificación de profesionales que tienen que trabajar en el centro. Cuando las empresas se presentan a licitación presentan una declaración de que eso es así, incluso de los antecedentes penales en el registro de menores. Esto se coteja y se valida desde los servicios del IASS, a través de una declaración responsable». En este sentido, «se ha abierto un expediente para confirmar si se ha hecho todo como se debía haber hecho y no sólo se ve a revisar el contrato con esta UTE sino todos los contratos con entidades privadas que gestionan servicios con menores».

El Gobierno de Aragón: «deficiencias» en Ateca

«Existía la orden de que cualquier incidencia debía ser comunicada y no fue así. Por lo tanto, con la primera trazabilidad que todavía es incompleta de la información y documentación que hemos podido recabar hemos detectado deficiencias en los canales de comunicación y de información», ha expresado.»Se van a analizar absolutamente todos los procesos y se tomarán todas las decisiones que haya que tomar», ha recalcado.

Según ha informado la consejería, el Gobierno de Aragón ha establecido un plan de trabajo, que incluye la instrucción del expediente y la personación de la causa, así como el diseño y la implementación de un plan de vigilancia de todos los centros que tienen contratos con la administración, y también se va a reunir a los directores responsables de los centros, para comunicarles este plan de observancia. Otras de las medidas que se contemplan en este plan de trabajo es el refuerzo del personal, para poder hacer estas cuestiones y un protocolo de mala praxis y una comisión de seguimiento.