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Aragón y Galicia piden una financiación autonómica sin privilegios: «No pagamos la deuda de Cataluña»

Las dos comunidades firman una Declaración Autonómica y piden que se sumen el resto

Exigen una financiación ajustada al coste real de los servicios y más recursos

La Declaración de Santiago vuelve a cobrar protagonismo en las comunidades autónomas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, se han puesto en pie de guerra contra el sistema de financiación autonómico actual que busca privilegiar a Cataluña.

Este miércoles ambos líderes han firmado una declaración conjunta en la que reafirmaban la Declaración de Santiago, para exigir a Sánchez una reforma del sistema de financiación y han pedido al resto de las comunidades autónomas que se sumen.

«No queremos pagar la deuda de Cataluña», ha denunciado Jorge Azcón, quien ha tratado de explicar que «la condonación de la deuda no es real», puesto que «no se perdona la deuda», sino que se «reparte entre el resto». Para el presidente es una forma de «presión» que someten las comunidades autónomas que «más deben» al resto.

¿Qué es la Declaración de Santiago?

En el acuerdo, los ejecutivos aragonés y gallego han reafirmado la plena vigencia de la Declaración de Santiago, suscrita el 23 de noviembre de 2021 por Galicia, Cantabria, el Principado de Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

En aquel momento, el presidente de Aragón era el socialista Javier Lambán, quien ya reivindicó una financiación autonómica más justa junto con Alberto Núñez Feijóo, quien por el aquel momento era de Galicia. De hecho, tras la polémica suscita entre Sánchez y los independentistas por la negociación de la deuda catalana, Lambán defendió que aquella Declaración debía ser el punto de partida para la reforma del sistema.

Ahora, tanto Azcón como Rueda, en dicha declaración que renueva los votos de la de Santiago, lamentan que sólo en tres años el Gobierno de Sánchez ha concedido privilegios a otras comunidades autónomas, «que constituyen agravios sin precedentes para el resto en materia de financiación autonómica».

Tal y como sostiene la declaración conjunta, tanto Aragón y Galicia rechazan «cualquier tipo de financiación privilegiada negociada de forma bilateral». Además se niegan a que las reformas sean sólo «propuestas parciales» o «quitas puntuales».

El resto de comunidades

Unas posiciones que esperan que sean compartidas por el resto de comunidades autónomas, a fin de que se aborden las cuestiones fiscales y financieras «de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», como así establece la Ley Orgánica 8/1980.

Por ello, dicha declaración será enviada al resto de comunidades autónomas para que aborden su revisión añadiendo las propuestas citadas en dicho acuerdo. De ellas, tanto Cantabria, como La Rioja, están gobernadas por el PP. Por contra, pese a que Asturias y Castilla y la Mancha están gobernadas por el PSOE,  Adrián Barbón como Emiliano García Page respectivamente, han manifestado en reiteradas ocasiones que el acuerdo entre los socialistas y ERC  es «insolidario» con el resto de comunidades.

Por otro lado, Azcón y Rueda han exigido que en el nuevo sistema de financiación autonómico se «dote de más recursos a las comunidades» y que se «respete los principios de igualdad y solidaridad, protegidos por la Constitución española».

¿En qué sentido? Tal y como expone la declaración, se trata de que el nuevo sistema pondere de forma adecuada «el coste real de los servicios» en cada región, «considerando factores como la dispersión y el envejecimiento, para la prestación de los servicios públicos», así como la orografía y la despoblación, a fin de «fomentar la cohesión territorial».

Así la Junta de Galicia y el Gobierno de Aragón urgen que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se aborde el modelo de financiación autonómica.

Así mismo, la estrategia de estos dos líderes respecto a la reforma del sistema de financiación autonómico coincide justamente tras la reunión de este pasado fin de semana en Colunga (Asturias), donde el gallego Alberto Núñez mantuvo con sus 14 barones de las 14 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP.

Ahí no sólo firmaron la llamada Declaración de Asturias, consistente en un decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, así como iniciativas que promueven el «mercado abierto» y la simplificación administrativa.

Además, según adelantó OKDIARIO, el líder popular habría abordado una estrategia para coordinar aquellas comunidades que se encuentran con los presupuestos prorrogado por la dependencia de Vox y la negativa de éstos a apoyar las cuentas por el desacuerdo en las políticas migratorias.