Vox se querella contra los socialistas Espadas y Sandra García por coacción, abuso de poder y prevaricación

Vox Sevilla ha presentado una querella contra, entre otros, el alcalde de la ciudad, el socialista Juan Espadas, y la exdelegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, por presuntos delitos de coacciones, abuso de poder y prevaricación en el «desorbitado» despliegue policial llevado a cabo en la rueda de prensa pública de Santiago Abascal en la Plaza Nueva de la capital.

Vox, que denuncia también un delito contra los derechos fundamentales, indica que el pasado 17 de marzo, y unas horas antes de la hora fijada para el inicio de la rueda de prensa, «la Plaza Nueva fue acordonada en todos sus accesos» y «se llevó a cabo un importante despliegue de la Policía Nacional y de la Local, impidiendo el acceso libre a la Plaza Nueva de cualquier ciudadano». Más de doscientos sevillanos quedaron apartados y no pudieron escuchar las declaraciones en su ciudad del líder de Vox.

La concejal portavoz de la formación en Sevilla, Cristina Peláez, señala que «de nuevo cargos socialistas usaron presuntamente a la Policía para fines particulares o políticos, emitiendo órdenes injustas y manifiestamente ilegales».

Ataque a la libertad ciudadana

La cuestión se agrava, comenta Peláez, «porque daba la impresión de que allí había sucedido algo grave, parecía que estábamos ante un atentado terrorista o en una situación bélica. Al día siguiente, por ejemplo, no se impidió una concentración en el mismo lugar convocada por Podemos, UGT y CCOO», lo que denota la arbitrariedad de las autoridades implicadas.

Además de Sandra García, la querella se extiende también contra el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, responsables ambos de la actuación de la Policía Nacional. Y además de a Juan Espadas, Vox denuncia también al delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, por el despliegue de la Policía Local.

Desde Vox consideran «conculcado un derecho fundamental como es el derecho de libre circulación de los ciudadanos» al impedir la Policía, «por orden de sus superiores políticos», el acceso a la plaza. La formación de Santiago Abascal defiende que la rueda de prensa fue comunicada un día antes y que » las autoridades no emitieron prohibición alguna».

Peláez concluye que «se trata de un ataque a la libertad generada por motivos políticos, justificándose en argumentos meramente banales y desmotivados que no pueden ser amparados en derecho». Unos ataques a la libertad que se suman, apunta, al «constante recorte de derechos de la pandemia que nos asola».