La víctima del maltratador que cambió de sexo: «La Policía dice que no se lo lleva porque es una mujer»
Su ex, condenado a prisión, sigue acosándola, pero el Juzgado de Violencia de Género dice que ya no es asunto suyo
El maltratador de Sevilla que cambió de sexo para evitar ser juzgado por violencia de género volvió a agredir a su ex pareja hace poco más de un mes. «Llamas a la Policía y te dice que no se lo pueden llevar porque es una mujer», denuncia la víctima. «Me siento desprotegida. Me insulta, me acosa y no pasa nada». Su agresor, Cándido, ahora es Candy en el Registro Civil, estrategia que de momento le permite seguir acosándola amparado en la Ley Trans impulsada por Irene Montero.
Rosa -nombre ficticio- teme ser agredida de nuevo por su ex pareja y padre de sus dos hijos. Fue condenado a 15 meses de cárcel, pero aún no ha cumplido la pena porque ha pedido un indulto al Gobierno. «Nadie sabe el miedo que se pasa», declara en una entrevista a Efe.
Separados por menos de 20 kilómetros, su ex tiene controlados todos sus movimientos: sabe dónde vive, dónde trabaja y sus horarios, por lo que cada cierto tiempo se presenta en su casa para intentar agredirla. La última vez que lo consiguió fue el pasado 9 de julio, cuenta Rosa, días después de su cumpleaños.
«Cuando llegué de trabajar estaba en el portal. Cuando abrí la puerta empezó con bofetones y luego me dio un puñetazo en el brazo. Su intención era darme una patada y dejarme en el sitio», relata. También la agarró del pelo delante de sus vecinos, que llamaron al 112. A la llegada de la Policía, «decía que no se le podía tocar porque era mujer». El trauma fue tal que Rosa se cortó la melena al día siguiente para intentar borrar ese recuerdo.
Denuncias y antecedentes
El abogado de la víctima explica que ella rompió la relación con su ex hace cinco años debido a los malos tratos, tanto psicológicos como físicos, a los que la sometió durante una década, hechos que fueron denunciados en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
En 2014, a la víctima se le concedieron varias órdenes de protección frente a su agresor, que incumplió en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Ya había pasado 18 meses entre rejas por malos tratos a otra pareja.
El 11 de septiembre de 2023, una vez que la condena fue firme, un juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero de momento la ha esquivado gracias a una petición de indulto al Gobierno de Pedro Sánchez.
Poco antes de recibir esa sentencia, el agresor registró formalmente su cambio de sexo. Pudo hacerlo sin problemas: en el Registro Civil no piden ningún certificado de antecedentes penales para su tramitación. Tampoco fue notificada la otra parte implicada en la causa, así que a Rosa le cogió todo por sorpresa.
Cuando denunció a su ex tras la reciente agresión, el Juzgado de Violencia de Género que llevaba el caso se inhibió en favor de uno ordinario porque entiende que ya no es competente: «El sexo de la persona denunciada ha cambiado». Así, la última denuncia de Rosa se tramita en un juzgado de instrucción no especializado y sigue los ritmos de la justicia ordinaria, de modo que todavía no se ha adoptado ninguna medida para protegerla.
Violencia de género o doméstica
La Ley Trans establece que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la Ley contra la Violencia de Género. El caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo, que sería juzgada como violencia doméstica, según apuntan fuentes jurídicas a Efe.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se perseguirá a quienes cometan fraude de ley y utilicen la Ley Trans para librarse del castigo que establece el ordenamiento jurídico, y ha recalcado que estos fraudes suponen un «porcentaje ínfimo».
No obstante, el Ministerio del Interior reconoció la semana pasada que «no dispone» de un registro de los maltratadores que han cambiado de sexo bajo el paraguas de la Ley Trans con el fin de eludir la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que contempla penas más graves para este tipo de delitos.
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