Los veterinarios contra la limitación del uso de medicamentos: así es la normativa que ahoga su profesión

En un grito unánime de indignación, los veterinarios de España han dicho «¡basta ya!» al Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, una normativa que, según denuncian, no solo limita su capacidad profesional, sino que pone en riesgo la salud animal y, por extensión, la salud pública. Este malestar, que ha culminado en concentraciones masivas el pasado 26 de marzo frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el país, refleja la frustración de un colectivo que se siente ignorado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, liderado por Luis Planas.

El «Manifiesto Veterinario 26 M», suscrito por profesionales de todos los sectores y especialidades, expone con claridad las razones de su protesta. Los veterinarios argumentan que esta ley, lejos de alinearse con los estándares europeos como afirma el Gobierno, impone restricciones desproporcionadas y burocráticas que no existen en otros países de la Unión Europea. «Ministro Planas, déjenos trabajar», claman, exigiendo una regulación justa que les permita ejercer su profesión con el rigor científico y la libertad que merecen.

¿Por qué asfixia a los veterinarios?

El Real Decreto 666/2023 regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, pero los profesionales denuncian que su aplicación práctica es un obstáculo insalvable. Entre las principales críticas está la falta de flexibilidad en la prescripción: los veterinarios se ven obligados a ceñirse a fichas técnicas desactualizadas, ignorando avances científicos y las necesidades específicas de cada paciente. «Trabajamos con la evidencia científica, no con burocracia obsoleta», señalan en su manifiesto, destacando cómo esta rigidez compromete la eficacia de los tratamientos.

A esto se suma la plataforma PRESVET, un sistema que, según los veterinarios, añade una carga administrativa innecesaria sin demostrar beneficios reales en la lucha contra las resistencias antimicrobianas, un problema que ellos ya abordan con medidas probadas desde hace años. En lugar de facilitar su labor, la normativa les aleja de sus pacientes, obligándolos a lidiar con trámites que no existen en otros países europeos.

Otro punto de fricción es el acceso a los medicamentos. Mientras en Europa los veterinarios pueden suministrar directamente los fármacos necesarios, en España los propietarios deben buscarlos en farmacias, enfrentándose a la escasez o a sustituciones inadecuadas. Esta situación, sumada a un IVA del 21% que encarece los tratamientos, perjudica especialmente a los dueños de animales más vulnerables y al bienestar animal en general.

El ministro Planas

El ministro Luis Planas ha defendido la normativa asegurando que «apoya a los veterinarios» y que garantiza su «libertad absoluta» para prescribir medicamentos, pero estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo y rechazo. «Falta a la verdad», acusan los veterinarios, quienes señalan que el ministro no solo se niega a recibirles, sino que ignora sus demandas de ser incluidos en la elaboración de una legislación que les afecta directamente. «No existimos para él», lamentan, exigiendo que se les reconozca como los únicos profesionales cualificados para garantizar el uso responsable de medicamentos en animales.

Vox toma partido

En medio de esta controversia, el grupo parlamentario Vox en Andalucía ha dado un paso al frente al registrar una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para derogar el Real Decreto 666/2023. La iniciativa, presentada en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca revertir una norma que, según Vox, «perjudica a veterinarios y ganaderos» y pone en riesgo la salud de los animales. Patricia Rueda, parlamentaria nacional por Málaga, ha sido tajante: «Esta normativa no tiene que ver con el amor a los animales, sino con la desconfianza hacia los profesionales y un exceso de burocracia sin sentido».

Vox critica que el decreto, alineado con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, impone restricciones desproporcionadas bajo el pretexto de reducir el uso de antimicrobianos, afectando el criterio técnico de los veterinarios y castigando al sector ganadero con sanciones económicas «inasumibles». La PNL no solo pide la derogación, sino también la creación de una nueva normativa basada en criterios científicos y realistas, elaborada con la participación activa del sector, además de medidas para aliviar la carga burocrática que enfrentan estos profesionales a diario.

Lucha por dignidad y bienestar

La movilización de los veterinarios no es solo una defensa de su profesión, sino un clamor por proteger la salud animal y pública. «Llegaremos hasta donde sea necesario», advierten en su manifiesto, dejando claro que no cejarán en su lucha hasta lograr una regulación equiparable a la de Europa. Mientras tanto, la iniciativa de Vox en el Congreso podría ser un primer paso para dar voz a sus demandas y replantear una ley que, lejos de solucionar problemas, los agrava.

En un país donde la salud animal es inseparable del bienestar social, la pregunta sigue en el aire: ¿escuchará el Gobierno a los veterinarios o seguirá legislando de espaldas a quienes mejor conocen las necesidades del sector? Por ahora, el colectivo se mantiene firme: «¡Veterinarios unidos y en lucha! ¡Resistiremos!».