¿Qué está pasando con el ‘caso ERE’? Todo lo que tienes que saber sobre el mayor escándalo del PSOE

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 17/07/2025 18:30
  • Actualizado: 17/07/2025 18:36

Un reparto millonario de ayudas públicas sin control, más de 93.000 trabajadores afectados, y una sentencia anulada por el Tribunal Constitucional. Esto es lo que hay detrás del escándalo de los ERE en Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia autonómica en España.

Caso ERE

Entre los años 2000 y 2009, los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía pusieron en marcha un sistema de ayudas públicas destinadas, en teoría, a empresas en crisis. Estas ayudas se canalizaban a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), es decir, procesos por los que las empresas despedían a parte de sus trabajadores con compensaciones económicas. Hasta ahí, a priori, todo legal. El problema es cómo se gestionaron esas ayudas.

Según la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, el PSOE creó un procedimiento opaco, arbitrario y plagado de irregularidades para repartir 680 millones de euros en subvenciones públicas. Un dinero que terminó en manos de empresas afines, allegados del partido y beneficiarios sin derecho alguno. La Junta socialista, sencillamente, se saltó la ley al menos 20 veces para poder repartir el dinero sin controles.

¿Qué tipo de irregularidades hubo?

La lista es escandalosa. En muchos casos, ni siquiera existía expediente de concesión de la ayuda. No se hacía publicidad de las subvenciones, no había fiscalización previa, no se aprobaban en Consejo de Gobierno aunque fuese obligatorio, y ni siquiera se justificaban los gastos. El dinero se entregaba sin que los beneficiarios acreditaran su identidad o su situación fiscal, sin informes previos ni comprobación alguna.

Tampoco se notificaron las ayudas a la Comisión Europea, como exige la normativa, ni se publicaron los convenios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En muchos casos, ni siquiera constaba solicitud alguna por parte del beneficiario. El reparto era completamente discrecional.

Es decir: no se seguía ningún procedimiento administrativo. Era un reparto de dinero público sin reglas, sin transparencia y sin rendición de cuentas.

¿Quién se benefició? ¿Quién no?

Solo 77 empresas recibieron estas ayudas. Sin embargo, entre 2001 y 2010, en Andalucía se presentaron 7.373 expedientes de regulación de empleo que afectaron a más de 93.000 trabajadores. La gran mayoría de ellos nunca tuvo la posibilidad de acceder a esos fondos, porque ni siquiera se enteraron de que existían.

Peor aún: en las pólizas de prejubilaciones aparecieron los famosos «intrusos», personas que jamás trabajaron en las empresas beneficiarias, pero que cobraban como si lo hubieran hecho. También hubo beneficiarios que siguieron cobrando después de reincorporarse al trabajo o incluso estando de baja por incapacidad.

Y el dinero público, en lugar de ir a proteger a trabajadores en crisis, acabó pagando nóminas, minutas, deudas privadas, campañas de comunicación, subidas salariales en empresas como FCC o Cespa, gastos administrativos e incluso actividades como muestras de artesanía o formación de voluntariado para los Juegos Mediterráneos de Almería.

¿Quién fue condenado?

Por estas prácticas fueron condenados dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de más de una decena de ex altos cargos del PSOE. Las sentencias, dictadas por la Audiencia de Sevilla y confirmadas por el Tribunal Supremo, establecían que los máximos responsables de la Junta conocían y permitieron este sistema fraudulento.

El Supremo dejó claro que no se trató de descontrol puntual, sino de un mecanismo deliberado creado para esquivar la legalidad y facilitar un reparto arbitrario de los fondos públicos.

¿Por qué se habla ahora otra vez del caso?

Porque el Tribunal Constitucional anuló el año pasado esas condenas, basándose en argumentos jurídicos discutidos. El movimiento fue interpretado por muchos sectores como un intento de «borrar» las responsabilidades del PSOE en este caso.

Ante esta anulación, la Audiencia de Sevilla ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que el fallo del Constitucional podría vulnerar el principio de tutela judicial efectiva.

En su auto, la Audiencia reitera que el sistema montado por la Junta no tenía ningún amparo legal, y que fue precisamente esa estructura lo que hizo posible que se repartieran 680 millones de euros de manera arbitraria, dejando fuera a miles de trabajadores y empresas que sí los necesitaban.

¿Qué puede pasar ahora?

El TJUE deberá pronunciarse sobre si la anulación del Constitucional respeta o no el derecho comunitario. Si el tribunal europeo considera que se ha vulnerado el derecho a un proceso con garantías o a la tutela judicial efectiva, el caso podría reabrirse o tener nuevas consecuencias.

Mientras tanto, el caso sigue siendo una mancha en la historia reciente de Andalucía, y un ejemplo flagrante de cómo el poder político socialista puede utilizar las instituciones para beneficiar a los suyos.