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No hay semana en la que no salga a la luz una nueva corruptela o presunta corruptela socialista. En esta ocasión ha sido en El Carpio (Córdoba), donde su alcaldesa, Desirée Benavides (PSOE), ha sido denunciada por presunta prevaricación y abuso de poder ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba) por una edil que salió del PSOE y a la que el Ayuntamiento le cerró el bar que regentaba en El Carpio.
Así lo recoge la denuncia presentada por Gavilán y en la que, según publica en su edición digital ‘ABC Córdoba’, la edil no adscrita afirma ser víctima de una «campaña de acoso» por parte de la alcaldesa, que igualmente habría afectado a su pareja y también denunciante, a la que presuntamente Benavides vetó para acceder a la bolsa de trabajo municipal hasta en dos ocasiones.
La supuesta «persecución» de la alcaldesa hacia Gavilán y su pareja siguió con el mencionado cierre y precintado por la Policía Local el pasado 28 de septiembre del referido bar, que regentaban la concejal no adscrita y su pareja y que, según las denunciantes, estaba al corriente de todos los permisos y requisitos exigidos.
Ante ello y en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa carpeña, Desirée Benavides, ha asegurado que el «procedimiento administrativo» iniciado por el Ayuntamiento y que ha llevado al cierre del citado establecimiento de hostelería regentado por Gavilán y su pareja «es porque han abierto durante cuatro meses sin licencia». Es más, «Urbanismo e Intervención las avisaron, desde primera hora, de que la licencia» con la que contaba el establecimiento «estaba caducada y que tenían que realizar un nuevo proyecto para obtener el informe de calificación ambiental», que es preceptivo, junto con la «declaración responsable que presentaron».
En realidad y según ha subrayado la alcaldesa, es Gavilán, «como concejal tránsfuga, la que mantiene una rivalidad con el grupo» socialista y no solo con la propia alcaldesa en concreto, pues, «desde que la cesamos, porque el grupo entendió que no era transparente en sus actuaciones y en su trabajo como primera teniente de alcalde», ha venido lanzando «una acusación tras otra por la gestión que hacemos, y principalmente hacia mí».
La alcaldesa, que no ha recibido aún comunicación oficial de la denuncia presentada contra ella, ha asegurado que su actuación no puede calificarse como «abuso de poder» ni en contra de la normativa, pues «cualquier paso» que ha dado en este asunto lo ha hecho «siempre asesorada por el Departamento de Urbanismo y por el interventor del Ayuntamiento», teniendo en cuenta también hechos como que, durante «la Feria Real, con el peligro que había», en cuanto a que se formaran «aglomeraciones», Gavilán organizó «una fiesta ilegal, sin permiso de la Subdelegación, en el bar y enmedio de la calle, sin cumplir las medidas de prevención de la pandemia».
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