Pedro Fernández (PSOE), contra las cuerdas: detienen a su ex nº 2 mientras Juanma Moreno hace su trabajo
Detenido Rafael Pineda por el caso Emvisesa y libertad con cargos con embargo y bloqueo de cuentas
Moreno activa una comisión de seguridad tras Adamuz para verificar que las infraestructuras estatales son seguras
El socialista Pedro Fernández (PSOE), delegado del Gobierno en Andalucía, está contra las cuerdas: la Guardia Civil ha detenido a Rafael Pineda, su ex jefe de gabinete, por un supuesto pelotazo urbanístico en Sevilla. En paralelo, Juanma Moreno ha movido ficha con una comisión para vigilar la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz del 18 de enero, con 46 muertos. Un ejercicio de vigilancia que no debería estar haciendo el Ejecutivo andaluz… sino el nacional.
En este contexto, la Junta ha anunciado un órgano de seguimiento para evaluar la seguridad del tráfico ferroviario y abrir esa mesa a otras administraciones, incluido el Ejecutivo central. Moreno lo ha comunicado tras el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Adamuz, al cumplirse un mes del siniestro, con el objetivo de reforzar el control y la vigilancia sobre una red ferroviaria cuya gestión corresponde al Estado.
Mientras la Junta ha decidido activar ese mecanismo de supervisión, Fernández ha optado por cargar contra la iniciativa y ha sostenido que «no le compete» a la administración autonómica. También ha calificado el anuncio de «sobreactuación» y ha defendido que ya hay una comisión de expertos creada por ley para investigar accidentes ferroviarios, además de una investigación judicial apoyada en un atestado de la Guardia Civil.
Pero el foco político de este jueves ha terminado girando hacia la propia Delegación del Gobierno: el ex concejal socialista Rafael Pineda, que también ha sido jefe de gabinete de la Delegación en Andalucía, ha sido detenido esta semana en relación con una supuesta trama urbanística vinculada a Emvisesa. Este miércoles ha quedado en libertad con cargos, sin medidas cautelares personales, tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar.
El caso está relacionado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, y en la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo el martes, han sido arrestadas otras cuatro personas, entre ellas un empleado de la empresa municipal. La investigación se ha conocido tras una denuncia por el proceso de subasta pública de un suelo comprado por 1,8 millones de euros y revendido a los pocos meses por casi cuatro millones.
De las diligencias se ocupa el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que este miércoles ha acordado la libertad provisional de los cinco investigados. Como medidas cautelares civiles, la jueza ha ordenado la anotación preventiva de la prohibición de disponer de bienes muebles e inmuebles de los investigados y de las sociedades que administran, además del bloqueo y embargo de saldos de cuentas bancarias, según ha informado la Oficina de Comunicación del TSJA. Inicialmente se investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.
En este contexto, Fernández ha intentado marcar distancias y ha recalcado que lo investigado se refiere a «una administración ajena absolutamente a la Delegación del Gobierno», al circunscribirse, según ha subrayado, al Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, el contraste político se ha hecho evidente: el delegado se ha aferrado a que la comisión ferroviaria «no le compete» a la Junta, mientras su entorno más inmediato ha quedado salpicado por una detención que vuelve a poner al PSOE andaluz bajo sospecha en plena tormenta institucional.
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